Más Madrid ha registrado en la Asamblea una Proposición de Ley de Cultura y Derechos Culturales de la Comunidad de Madrid con el objetivo de reconocer y garantizar los derechos culturales y el acceso a la vida cultural de los y las madrileñas.
Entre los puntos más destacados de la ley se encuentran asegurar, como mínimo, un 2% del presupuesto total de la Comunidad de Madrid para Cultura; crear la Oficina de Atención al tejido cultural para informar, acompañar y apoyar al ecosistema cultural de la región; establecer un Marco Estratégico de Acción cultural de la Comunidad de Madrid, que fije los principales objetivos y líneas de actuación; una Unidad de Evaluación Cultural para hacer un seguimiento y valoración de la política cultural desarrollada por la Consejería y que funcione como observatorio del trabajo realizado en materia cultural.
Para la diputada de Más Madrid en la Asamblea y portavoz de Cultura, Jazmín Beirak, “apostar por los derechos culturales supone cambiar el paradigma de la política pública en cultura. Esta ya no consiste en la provisión de unas actividades culturales, sino que su misión es la de facilitar las condiciones para que todas las personas puedan desarrollar una vida cultural plena”.
Por su parte, la también diputada de Más Madrid y portavoz adjunta de Cultura en la Asamblea, Alicia Torija, ha destacado que “promover y proteger el ejercicio de los derechos culturales crea sociedades más modernas, más justas y más cuidadoras hacia las personas con un enfoque integral”.
Entre las medidas, destaca asegurar un presupuesto mínimo del 2% sobre el total
Esta proposición de ley pretende, en último término, poner a la Comunidad de Madrid en sintonía con otras regiones, como Navarra o Canarias, donde ya existen leyes similares.
La Ley presentada por Más Madrid establece de modo taxativo la autonomía de grandes equipamientos como los Teatros del Canal y el Centro de Arte Dos de Mayo, así como la obligación de realizar concursos públicos para la designación de sus direcciones artísticas. Además, la Ley contempla reforzar la independencia cultural mediante la constitución de comités de personas expertas para la concesión de las ayudas en concurrencia pública. En este sentido, la proposición recoge una serie de garantías y mecanismos a los que recurrir en caso de su vulneración.