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A todos nos ha pasado: recibimos una carta de la Administración Pública – de cualquier administración pública – y nos echamos las manos a la cabeza: “¿y ahora qué ha pasado? ¿Qué dicen que he hecho? ¿me van a multar? Y eso nos pasa aunque no tengamos consciencia de haber hecho nada mal o de tener alguna cuenta pendiente con la Administración.

Y sin embargo, la Administración en un Estado de derecho y de bienestar nos proporciona globalmente más servicios y prestaciones que sanciones y disgustos. Pero esto no se siente así en absoluto por parte de los ciudadanos, quienes ven en las administraciones públicas más un enemigo que otra cosa.

En estos accidentados inicios del S. XXI parece el momento de cambiar esta sensación: con la pandemia, el papel de lo público parece haber tomado un valor importante, y los ciudadanos están demandando más papel de las administraciones en sus vidas diarias. En España venimos de una dictadura, cuya memoria está aún muy presente - tal vez demasiado – en nuestro imaginario colectivo, por lo que el temor y la desconfianza hacia todo lo relacionado con el Gobierno y la administración pública está muy marcada. Y probablemente por ello los ciudadanos entregamos alegremente nuestros datos personales a las grandes empresas que gestionan las redes sociales (RRSS) a las grandes plataformas, pero se desconfía mucho de darle nuestros datos a cualquier instancia pública.

Y esto hay que cambiarlo con urgencia. Las AAPP tienen que dejar de ser un enemigo para el ciudadano para llegar a ser lo que denomino “la Administración amiga”: una administración que está al servicio del ciudadano, que presta servicios y garantiza derechos; que se comunica con fluidez y accesibilidad con las personas, que lleva a cabo una comunicación proactiva, anticipándose a las necesidades de los administrados.

Y todo eso es ahora más alcanzable que nunca gracias a los avances tecnológicos. De la misma manera que gracias a la circulación rápida de los datos en las RRSS los ciudadanos de a pie tenemos más facilidad para comunicarnos entre nosotros y para informarnos de todo lo que pasa en el mundo, las AAPP deben usar esas herramientas tecnológicas para potenciar su comunicación con los ciudadanos. En estos momentos ya diversas administraciones, desde ayuntamientos hasta la Seguridad Social y algunos ministerios están utilizando Facebook, Instagram y Twitter para informar a los ciudadanos, e incluso para realizar determinadas gestiones “menores”.

Pero el famoso “big data” puede suponer un verdadero hito en la relación de la Administración con los ciudadanos. Las AAPP manejan una cantidad ingente de información de los ciudadanos, de datos. Desde las partidas de nacimiento hasta los certificados de defunción, pasando por su trayectoria académica o historia laboral, toda la vida del ciudadano de nuestro tiempo está documentada por las AAPP y almacenada por medios electrónicos.

Por nuestra parte, los ciudadanos ya estamos acostumbrados a ceder nuestros datos a las grandes plataformas para poder acceder a muchos servicios. Aún sabiendo que esos datos tienen una dimensión económica importante – eso es otro asunto de gran calado, que preocupa y ocupa a la Unión Europea de manera importante, pero que no es el objeto de este escrito – los cedemos con cierta alegría, dando al botón de “acepto” (por ejemplo cookies) siempre que se nos solicita, para poder ver una información, acceder a un servicio o comprar un producto. Las grandes plataformas procesan y tratan esos datos de cantidades ingentes de usuarios de manera que llegan a conocer perfiles, tendencias y recorridos, y vemos con sorpresa que en cuanto abrimos el ordenador o el teléfono móvil nos ofrecen inmediatamente servicios o productos con base en las páginas que acabamos de visitar o incluso los lugares en que hemos estado.

A la manera en que lo hacen las grandes plataformas digitales (para su exclusivo beneficio y no para el nuestro), las AAPP deben tratar el enorme caudal de datos que ya conocen de los ciudadanos con los algoritmos pertinentes para ofrecer servicios a ese ciudadano, atendiendo por supuesto a sus demandas, pero también adelantándose a ellas, ofreciendo información útil para su día a día con base en los datos de que disponen, antes incluso de que el ciudadano lo solicite o incluso piense en ellas.

Pongo un ejemplo: debería estar siempre a disposición on line del ciudadano la posibilidad de, introduciendo determinados datos, consultar si tiene derecho a una pensión pública y cuál sería su cuantía. Esto es útil e interesante, y en línea de la modernización y cercanía administrativa que demandan los tiempos y exigen nuestras leyes. Pero requiere una acción por parte del ciudadano, que debe entrar en la web del Ministerio que gestione la Seguridad Social. El giro decisivo para ser de verdad una “administración amiga” sería que, tiempo antes del momento en que un ciudadano se acercara a la edad necesaria para acceder a una pensión, le llegara a su correo electrónico (que las AAPP conocen por infinidad de vías) una comunicación de ello, y un link a la página en que las fechas y cuantías estuvieran reflejadas de manera sencilla y entendible. Esta es una información que no sería difícil de manejar, y el cálculo concreto – este sí a demanda en la página a la que llevara el link – tampoco sería difícil de obtener.

Como se puede ver, se trata de datos de los que ya dispone la Administración, y el objeto de su procesamiento responde al motivo por el cual el ciudadano dio acceso a los mismos. Por lo tanto, su procesamiento a través de algoritmos diseñados específicamente para esta función de cálculo de pensiones no tendría problema alguno. Pero es más, si fuera necesario y como hacen las grandes plataformas, se le pediría autorización para hacerlo a través de un simple “click”.

Esto es sólo un ejemplo de todas las informaciones y servicios que se podrían prestar de manera fácil y “amigable” a los ciudadanos. Porque la rentabilización de los datos de los ciudadanos a través de algoritmos - que en definitiva eso es el famoso “big data”- no se detiene ahí, sino que puede ser una herramienta eficaz para el diseño de políticas públicas, detectando de manera certera necesidades sociales y la mejor manera de responder a ellas. Y también puede tener un importante papel en la comprobación de los efectos de la aplicación de esas políticas públicas, colaborando eficazmente en el conocimiento de su efectividad, de si se alcanzan los resultados previstos y si no hay efectos indeseados, resultando así un componente capital de la “better regulation” en la que se mueven actualmente las AAPP en los países avanzados.

Cierto es que podemos encontrarnos con reticencias por parte de los ciudadanos. En España desconfiamos de la Administración a priori; queremos que sepan lo menos posible de nuestra vida y nuestras actividades. Esa desconfianza debe contrarrestarse con la puesta a disposición de servicios útiles y una adecuada campaña de sensibilización: si no nos importa dar nuestros datos a Facebook, Google, Instagram, o Amazon, no deberíamos tener problema en hacer lo mismo con la Administración. Y se podría empezar por utilizar esos datos que, como he señalado antes, ya tiene la administración, usándolos para aquello para lo que fueron cedidos.

Cierto es que la Administración española está en estos momentos embarcada en un importante número de iniciativas relacionadas con el tratamiento de los datos de los ciudadanos (Plan de Digitalización de las Administraciones Públicas 2021-2025, Estrategia Nacional del Dato, Iniciativa Aporta), amparada e impulsada por la normativa europea. Pero por el momento lo más que se plantea la Administración es la puesta a disposición de los datos que posee a los sectores sector público y privado, para así atender las necesidades de pequeñas y medianas empresas, que no pueden acopiar datos como las poderosas, y de alguna manera ordenar y proteger al ciudadano en la obtención y tratamiento de sus datos.

Confiemos en que no se pare este impulso, y las Administraciones Públicas sigan avanzando en la recolección y tratamiento de los datos para poder dar un servicio cada vez mejor a los ciudadanos y convertirse no en una enemiga o una amenaza, sino en “La Administración Amiga”.

A la manera en que lo hacen las grandes plataformas digitales (para su exclusivo beneficio y no para el nuestro), las AAPP deben tratar el enorme caudal de datos que ya conocen de los ciudadanos con los algoritmos pertinentes para ofrecer servicios a ese ciudadano, atendiendo por supuesto a sus demandas, pero también adelantándose a ellas, ofreciendo información útil para su día a día con base en los datos de que disponen, antes incluso de que el ciudadano lo solicite o incluso piense en ellas.

Pongo un ejemplo: debería estar siempre a disposición on line del ciudadano la posibilidad de, introduciendo determinados datos, consultar si tiene derecho a una pensión pública y cuál sería su cuantía. Esto es útil e interesante, y en línea de la modernización y cercanía administrativa que demandan los tiempos y exigen nuestras leyes. Pero requiere una acción por parte del ciudadano, que debe entrar en la web del Ministerio que gestione la Seguridad Social. El giro decisivo para ser de verdad una “administración amiga” sería que, tiempo antes del momento en que un ciudadano se acercara a la edad necesaria para acceder a una pensión, le llegara a su correo electrónico (que las AAPP conocen por infinidad de vías) una comunicación de ello, y un link a la página en que las fechas y cuantías estuvieran reflejadas de manera sencilla y entendible. Esta es una información que no sería difícil de manejar, y el cálculo concreto – este sí a demanda en la página a la que llevara el link – tampoco sería difícil de obtener.

Como se puede ver, se trata de datos de los que ya dispone la Administración, y el objeto de su procesamiento responde al motivo por el cual el ciudadano dio acceso a los mismos. Por lo tanto, su procesamiento a través de algoritmos diseñados específicamente para esta función de cálculo de pensiones no tendría problema alguno. Pero es más, si fuera necesario y como hacen las grandes plataformas, se le pediría autorización para hacerlo a través de un simple “click”.

Esto es sólo un ejemplo de todas las informaciones y servicios que se podrían prestar de manera fácil y “amigable” a los ciudadanos. Porque la rentabilización de los datos de los ciudadanos a través de algoritmos - que en definitiva eso es el famoso “big data”- no se detiene ahí, sino que puede ser una herramienta eficaz para el diseño de políticas públicas, detectando de manera certera necesidades sociales y la mejor manera de responder a ellas. Y también puede tener un importante papel en la comprobación de los efectos de la aplicación de esas políticas públicas, colaborando eficazmente en el conocimiento de su efectividad, de si se alcanzan los resultados previstos y si no hay efectos indeseados, resultando así un componente capital de la “better regulation” en la que se mueven actualmente las AAPP en los países avanzados.

Cierto es que podemos encontrarnos con reticencias por parte de los ciudadanos. En España desconfiamos de la Administración a priori; queremos que sepan lo menos posible de nuestra vida y nuestras actividades. Esa desconfianza debe contrarrestarse con la puesta a disposición de servicios útiles y una adecuada campaña de sensibilización: si no nos importa dar nuestros datos a Facebook, Google, Instagram, o Amazon, no deberíamos tener problema en hacer lo mismo con la Administración. Y se podría empezar por utilizar esos datos que, como he señalado antes, ya tiene la administración, usándolos para aquello para lo que fueron cedidos.

Cierto es que la Administración española está en estos momentos embarcada en un importante número de iniciativas relacionadas con el tratamiento de los datos de los ciudadanos (Plan de Digitalización de las Administraciones Públicas 2021-2025, Estrategia Nacional del Dato, Iniciativa Aporta), amparada e impulsada por la normativa europea. Pero por el momento lo más que se plantea la Administración es la puesta a disposición de los datos que posee a los sectores sector público y privado, para así atender las necesidades de pequeñas y medianas empresas, que no pueden acopiar datos como las poderosas, y de alguna manera ordenar y proteger al ciudadano en la obtención y tratamiento de sus datos.

Confiemos en que no se pare este impulso, y las Administraciones Públicas sigan avanzando en la recolección y tratamiento de los datos para poder dar un servicio cada vez mejor a los ciudadanos y convertirse no en una enemiga o una amenaza, sino en “La Administración Amiga”.

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