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A la implantación de zonas de Bajas Emisiones en los núcleos centrales de las grandes ciudades antes de 2023 se unirá, si prospera la propuesta presentada por Bruselas, un nuevo impuesto que afectará a vehículos, calefacción y aire acondicionado. Esto significa que los titulares de los vehículos tendrán que pagar derechos de emisión de dióxido de carbono (CO2), algo que ya sucede, por ejemplo, en Cataluña, región que decidió implantar un gravamen a este tipo de contaminación y que también ha entrado en vigor recientemente.

Hace apenas dos meses, la Generalitat hacía efectivo el pago por las emisiones dióxido de carbono de los vehículos de tracción mecánica, con el objetivo de grabar las emisiones de dióxido de carbono que producen turismos, furgonetas y motocicletas, y que inciden en el incremento de las emisiones de gases con efecto de invernadero. Este tributo propio, con carácter finalista, nutre a partes iguales el Fondo climático y el Fondo de patrimonio natural.

Una iniciativa que parece que se extenderá rápidamente por el resto de territorio comunitario. La intención de la unión Europea es alcanzar, para 2030, una reducción del 55% en las emisiones de CO2 a la atmósfera, convirtiéndose en un espacio neutro en carbono a partir de 2050. La Comisión Europea ha publicado su paquete legislativo “Fit for 55”, que apoya su compromiso de reducir las emisiones netas de gases de efecto invernadero hasta constituirse como el primer continente que llegue a la cota 0 en esta clase de polución, y es que gracias a la legislación vigente en materia de clima y energía, las emisiones de gases de efecto invernadero de la UE ya se han reducido en un 24% respecto a 1990. Por otro lado, en los últimos 16 años, se han conseguido reducir las emisiones de la generación de electricidad y de las industrias de gran consumo de energía en un 42,8 %.

Como consecuencia de ello, y para cumplir con el Reglamento del Parlamento Europeo 2021/1119, todos los vehículos nuevos matriculados a partir de 2035 serán de cero emisiones. Para velar por que los conductores puedan repostar o recargar sus vehículos en una red fiable en toda Europa, el Reglamento revisado sobre la infraestructura de los combustibles alternativos exigirá a los Estados miembros que amplíen la capacidad de carga en consonancia con la venta de vehículos eléctricos y que instalen puntos de recarga y de repostaje a intervalos regulares en las principales autopistas: cada 60 kilómetros para la recarga eléctrica y cada 150 km para el repostaje de hidrógeno.

“Nuestra actual economía de los combustibles fósiles ha alcanzado sus límites. Queremos legar a la próxima generación un planeta sano y buenos puestos de trabajo y un crecimiento que no perjudique nuestra naturaleza. El Pacto Verde Europeo es nuestra estrategia de crecimiento que avanza hacia una economía descarbonizada. Europa fue el primer continente en declarar el objetivo de la neutralidad climática en 2050, y ahora somos los primeros en poner sobre la mesa una hoja de ruta concreta. Europa predica con el ejemplo en materia de políticas climáticas a través de la innovación, la inversión y la compensación social”, señaló la Presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen.

Los combustibles del transporte aéreo y marítimo son muy contaminantes y también requieren medidas específicas para complementar el comercio de derechos de emisión. La Comisión también propone eliminar gradualmente los derechos de emisión gratuitos para la aviación, ajustarse al Plan de Compensación y Reducción del Carbono para la Aviación Internacional (CORSIA), que es de ámbito mundial, e incluir por primera vez las emisiones del transporte marítimo en el RCDE UE. Se gravarán, asimismo, las emisiones de los edificios (consumo de gas natural y aire acondicionado). Bruselas considera que la medida incentivará a los comercializadores a ofrecer “combustibles más limpios para los vehículos existentes”.

Los Estados miembros deben gastar la totalidad de sus ingresos procedentes del comercio de derechos de emisión en proyectos relacionados con el clima y la energía. La iniciativa plantea la creación del pago a cuenta del comercializador de carburantes, que vería encarecido su producto, con la finalidad de que el incremento de precios no sea asumido directamente por el consumidor, si bien es posible que el coste del transporte, de la calefacción o del aire acondicionado se vea reflejado en el bolsillo del ciudadano europeo.