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La Comunidad de Madrid dispondrá de Oficinas de Asistencia a las Víctimas de Delitos (OAVD) en todo el territorio judicial de la región antes del mes de mayo de 2023. El consejero de Presidencia, Justicia e Interior, Enrique López, ha dado a conocer los detalles de esta medida al Ministerio Público durante su participación en la reunión de la Comisión Mixta del Ejecutivo autonómico con miembros de la Fiscalía regional, en la que ha participado la fiscal superior de Madrid, Almudena Lastra.

Tras señalar que en abril de este año los juzgados de Plaza de Castilla contarán con una OAVD dotada de un psicólogo y un trabajador social, López ha anunciado que en los próximos meses empezarán a funcionar estos mismos recursos en Navalcarnero, San Lorenzo de El Escorial, Parla, Alcalá de Henares, Torrejón de Ardoz y Arganda del Rey. En el caso del partido judicial de Torrelaguna, le prestará servicio la de Colmenar Viejo, mientras que la de Pozuelo de Alarcón hará lo mismo en el caso de Majadahonda.

Al término de 2021, esta red de asistencia estaba presente en dos sedes judiciales de la capital (Albarracín y Julián Camarillo), así como en Aranjuez, Coslada, Fuenlabrada, Leganés y Móstoles.

“Con las nuevas Oficinas, el Gobierno regional mejora de manera indudable un servicio público tan esencial como es la Administración de Justicia, especialmente para los colectivos más vulnerables, como son los episodios de violencia de género, o los menores que hayan sufrido delitos violentos o contra su indemnidad sexual”, ha indicado López.

Estas aperturas supondrán, además de la creación de una nueva plantilla de funcionarios, el refuerzo de más personal para las existentes en la actualidad, con especial atención a los equipos psicosociales. Así, a lo largo de este año, la Comunidad de Madrid incrementará en 22 el número de gestores procesales y en 16 el de psicólogos y trabajadores sociales.

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Las OAVD de la Comunidad de Madrid son un servicio público y gratuito y atiende a víctimas directas e indirectas de cualquier delito violento, como violencia de género, maltrato familiar (sobre menores, mayores, etc.), agresiones sexuales y/o abusos, lesiones y amenazas, acoso escolar, laboral y/o sexual, robos con violencia, intentos de homicidio, etc., y que están inmersas, o no, en un procedimiento judicial.

Entre otras atribuciones se encargan de la preparación, asistencia y acompañamiento a juicio, en aquellos casos que se considere preciso; primera atención psicosocial, información y orientación sobre recursos psicosociales o derivación a otros especializados cuando proceda; coordinación con otras instituciones; seguimiento e información de la situación judicial a la víctima; e intervención psicológica, social o de crisis.