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"Test de antígenos". El concepto es ya de lo más familiar, aunque hace apenas unos meses resultaba tan extraño al oído que algunos profesionales sanitarios afirmaban haber tenido que averiguar a qué se referían sus pacientes, e incluso algunos confesaban haber escuchado expresiones del tipo "test de alienígenos", en conversaciones relacionadas con la prevención del COVID. Ahora, en su variante Ómicron, y con la Navidad ya encima, la urgencia invade los hogares españoles ante los inminentes encuentros familiares, del tal forma que la petición en masa de la sociedad supera con creces la oferta de stock disponible en el mercado.

Las farmacias cuelgan el cartel de "No hay existencias disponibles", desde hace días. Ni las gratuitas, procedentes de la Comunidad de Madrid, ni las de pago, víctimas de una subida de precio de hasta el 200% por parte de las empresas distribuidoras, como consecuencia de la alta demanda. Las colas en las inmediaciones de centros privados y Hospitales públicos de la región (donde solo se puede solicitar la prueba si se padecen síntomas) llegan a superar las dos horas de espera. Nadie quiere contagiar a los suyos. De hecho, la reventa de entradas para espectáculos y/o petición de devolución del importe para eventos programados en Nochevieja se postula como el otro protagonista de los titulares en estas fechas.

"Hace seis meses que el Gobierno decidió liberalizar la venta de los test y ahora, con la sexta ola golpeándonos enormemente y las fechas navideñas a la vuelta de la esquina, observamos perplejos cómo en algunos establecimientos se ha aumentado el precio de las pruebas de antígenos más de la mitad en tan sólo dos días. Esto, una vez más, repercute y perjudica en el comprador final, el ciudadano de a pie", afirma Florentino Pérez Raya, presidente del Consejo General de Enfermería, quien insiste en la importancia de validar a posteriori un resultado positivo obtenido como autodiagnóstico con un test de farmacia: "La población tiene que demostrar en sus trabajos que no pueden acudir a su puesto y la ausencia de un diagnóstico oficial está entorpeciendo los temas burocráticos", sostiene.

El órgano que regula la profesión enfermera recuerda al Ejecutivo que en julio de 2021 se eliminó la prescripción de estas pruebas con el objetivo de "aumentar la capacidad diagnóstica durante la quinta ola de Covid-19", no con fines lucrativos. Ni Sanidad ni los Gobiernos regionales han establecido, por ahora, limitaciones al precio de venta al público de los tests de antígenos, como ocurrió con las mascarillas.

Las pruebas de antígenos sirven para detectar una infección activa, puesto que identifican la presencia de proteínas del virus. La muestra se procesa en el mismo lugar de su recogida y puede tardar pocos minutos. Un resultado positivo significa que el virus está presente y probablemente existe una infección en curso. Se debe realizar durante los 7 primeros días desde la infección, cuando la carga viral está en su punto más álgido. Además, al igual que ocurre con las pruebas PCR, no es capaz de detectar si ya se ha superado la enfermedad.

No obstante, si hablamos de personas vacunadas o con inmunidad por una infección previa, la carga viral detectable por los test no es siempre lo suficientemente alta, mientras que las vacunas y la velocidad de replicación de la variante Ómicron hacen más difícil la interpretación de los resultados, según los epidemiólogos.

Profesionales y ciudadanos se mantienen, por tanto, a la espera de la llegada de nuevo stock, así como de una regulación en los precios que evite una reventa y abuso, al igual que ocurrió con las mascarillas, en el momento en el que estos artículos resultan más necesarios.