Los edificios no residenciales privados y los parkings no adscritos a edificios tendrán que instalar puntos de recarga cuando tengan más de 20 plazas de aparcamiento antes del 1 de enero de 2023, de un modo proporcional al número de plazas. Con carácter general, dispondrán de una estación de recarga por cada 40 plazas o fracción, hasta 1.000 plazas -en el caso de la Administración General del Estado, serán 20 plazas hasta 500 plazas- y una estación más por cada 100 plazas o fracción.
Así lo estipula el Real Decreto-ley de medidas en el ámbito energético aprobado por el Consejo de Ministros, que impulsa el despliegue de la infraestructura de recarga para vehículos eléctricos, los proyectos de energía renovable y el autoconsumo. Teresa Ribera, vicepresidente tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, ha afirmado que, para cumplir con la previsión de contar con 100.000 puntos de recarga antes del año 2023, se ha considerado necesario, por un lado, simplificar la regulación de instalación -por ejemplo, con la exención de la obtención previa de las licencias de obras- y, por otro, acelerar las obligaciones para su implantación.
Otro incentivo para la creación de puntos de recarga será la aplicación de bonificaciones por parte de los Ayuntamientos, concretamente de hasta el 50% de la cuota íntegra del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) y de la cuota correspondiente al Impuesto de Actividades Económicas (IAE), y de hasta el 90% en el impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras para la instalación de puntos de recarga.
Los edificios no residenciales privados y los parkings no adscritos a edificios tendrán que instalar puntos de recarga cuando tengan más de 20 plazas de aparcamiento antes del 1 de enero de 2023, de un modo proporcional al número de plazas.
Prórroga de la rebaja en la factura ante los precios de la luz
Por otra parte, se ha anunciado que el Ejecutivo prolonga hasta el 30 de abril de 2022 la reducción al 10% del Impuesto sobre el Valor añadido (IVA) en la factura eléctrica de los consumidores con hasta 10 kW de potencia contratada, siempre que el precio medio mensual del mercado mayorista del mes anterior sea superior a 45 €/MWh. Hasta esa misma fecha, los beneficiarios del bono social eléctrico mantendrán sus descuentos de entre el 60 y el 70% de su consumo, mantiendo durante el primer cuatrimestre de 2022 las reducciones y suspensiones de impuestos y las medidas para los colectivos vulnerables.
El Impuesto Especial sobre la Electricidad (IEE) seguirá hasta el 30 de abril en el 0,5%, el mínimo autorizado por la normativa europea, mientras que el Impuesto que grava con un 7% el Valor de la Producción de la Energía Eléctrica (IVPEE) permanecerá suspendido hasta el 31 de marzo. Por otro lado, como medida adicional, se flexibilizan las condiciones contractuales del suministro de gas para instalaciones industriales que utilizan este hidrocarburo, cuyo precio en el mercado también está sufriendo incrementos. Hasta el 31 de marzo, las empresas que se vean forzadas a reducir su producción podrán modificar o suspender el caudal contratado.
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Impulso al autoconsumo
Finalmente, se adoptan medidas para facilitar el autoconsumo colectivo o compartido -en el que varios autoconsumidores se benefician de una única instalación-, y se extiende esta posibilidad a la alta tensión, ya que hasta ahora sólo se autorizaba en la baja. También se exime de la presentación de avales a aquellas instalaciones de menos de 100 kilovatios que tengan la voluntad de verter a la red sus excedentes. Además, las compañías distribuidoras deberán disponer de canales de comunicación abiertos -como un número de teléfono gratuito o una dirección electrónica- para atender consultas y obtener información relativa a los expedientes de acceso a la red de instalaciones de autoconsumo.