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Más Madrid ha presentado una propuesta para crear una comisión de investigación que analice los procesos de contratación de los centros educativos realizados por la Consejería de Educación durante la presente legislatura. Una petición que ya han registrado en la Asamblea de Madrid y que ha sido firmada por todos los diputados que conforman el grupo.

Manuela Bergerot ha defendido la iniciativa durante la rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces. Desde Más Madrid quieren "poner luz y taquígrafos sobre el caso FP -Formación Profesional-". La líder asegura que "sabemos que, al menos, hay ocho centros afectados y cinco millones de euros en contratos fraccionados para eludir los controles". Además, parece que los escándalos conocidos durante los últimos meses en torno a estos centros educativos podría recordar, según Bergerot, a los "años dorados de la corrupción inmobiliaria del Partido Popular, donde unos escuchábamos educación, otros escuchaban contratos a dedo y bolsas de dinero".

Así mismo, la portavoz ha remarcado que los madrileños se merecen saber la verdad, desde el Gobierno regional deben tomar responsabilidades políticas y, sobre todo, se debe "garantizar que no va a volver a ocurrir". Bergerot ha querido recordar que estos hechos se remontan a la legislatura anterior, cuando los responsables de la Consejería de Educación eran el ahora presidente de la Asamblea, Enrique Ossorio, y la actual consejera de Hacienda, Rocío Albert.

"Si el Partido Popular de Ayuso no tiene nada que temer, que de la cara y que no proteja a los responsables de este caso", ha añadido la portavoz, mencionando también un informe de Comisiones Obreras en el cual denuncian que al menos 50.000 estudiantes se han quedado sin plaza en la FP pública. Al parecer, los grados con más demanda e inserción laboral son los que más estarían sufriendo la falta de plazas en centros públicos. Una situación que, según Más Madrid, está obligando a las familias a llevar a sus hijos a escuelas privadas.