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VOX exige a Ayuso cerrar los centros de menores extranjeros no acompañados
Monasterio defiende esta medida, y pide repatriar a estas personas a sus países de origen
Regional |

VOX vuelve a pedir a la presidenta de la Comunidad de Madrid el cierre de todos los centros de menores extranjeros no acompañados de la región. Una medida que pretende acabar con el "efecto llamada" y que persigue, entre otras cuestiones, repatriar a los menores a sus países de origen.


Rocío Monasterio, portavoz del grupo, ha defendido esta propuesta que presentarán en el próximo pleno de la Asamblea. "Ayuso pone millones -de euros- de los madrileños para rehabilitar edificios para que puedan vivir los inmigrantes ilegales", denuncia la portavoz, asegurando que el Gobierno regional ha destinado más de 18 millones de euros a rehabilitar el centro de menores no acompañados de Fuenlabrada.

Así mismo, Monasterio señala que desde VOX "queremos que todo aquel que entre de forma ilegal no tenga acceso a subvenciones nunca, porque no puede ser que los madrileños se queden fuera de las listas de guardería, de alquiler social, de absolutamente todo, y, en cambio, sí tengan esas ayudas quienes hayan venido de forma ilegal".

La formación ha destacado que entre los meses de enero y febrero de este año, la Comunidad de Madrid recibió 946 menores inmigrantes en sus centros, "y a pesar del silencio mediático respecto de la nacionalidad de los delincuentes, van conociéndose cada vez más casos de agresiones, robos e incluso homicidios a cargo de menores extranjeros no acompañados en España", reza la iniciativa.

En este sentido, las medidas que contempla la propuesta son: cerrar todos los centros y repatriar a los menores con sus padres a sus países de origen de forma inmediata, además de no habilitar alguna partida presupuestaria destinada a reubicarles en la región. VOX también apunta el rechazo a las propuestas de reparto de estos menores promovidas por el Gobierno de España, suprimir toda ayuda y beneficio social a los inmigrantes ilegales y trasladar desde todas las administraciones públicas el mensaje de que "cualquier inmigrante que entre de manera ilegal en España nunca podrá regularizar su situación ni recibir ningún tipo de ayuda pública".