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La auditoría de funcionamiento que analizará la gestión y procedimientos del sistema de protección de menores de la Comunidad de Madrid se pondrá en marcha durante el próximo mes de marzo. Así lo ha anunciado la consejera de Familia, Juventud y Política Social, Concepción Dancausa, durante su comparecencia en la Comisión de Familia y Política Social de la Asamblea de Madrid para informar sobre la situación de las menores tuteladas que han sido víctimas de la red desarticulada por la Operación Sana.

Dancausa ha explicado que a principios del próximo mes los técnicos de la Consejería de Economía, Empleo y Hacienda empezarán con el trabajo de análisis de los distintos aspectos funcionales del sistema de protección de menores regional. El objetivo del mismo es evaluar la eficacia de todas las actuaciones relacionadas con la red y, en su caso, identificar los aspectos o procesos que puedan ser mejorados para incrementar la calidad de la gestión.

Además, la consejera ha adelantado algunas de las actuaciones que se incluyen en el anunciado plan de choque para impulsar el acogimiento familiar de menores tutelados frente al residencial. Así, el Gobierno regional establecerá un fondo extraordinario para ayudar a las familias acogedoras con determinados gastos del menor acogido, como gafas, dentista o aparatos ortopédicos. También se pondrá en marcha un programa de acogida en fines de semana, un espacio de tiempo que permitirá a más familias acercarse a la realidad del acogimiento de menores y que está especialmente orientado a generar vínculos afectivos con adolescentes tutelados.

Sobre la situación de las tres menores tuteladas que han sido declaradas testigos protegidas en el marco de la operación policial, la consejera ha detallado las actuaciones que se han llevado a cabo desde los centros de la Comunidad de Madrid para protegerlas. Una información, ha advertido, que en todo momento debe preservar nombres, fechas y datos específicos “ya que su presencia en un procedimiento judicial nos obliga a ser muy cautos y a no proporcionar datos con fines distintos a ese procedimiento en cualquier instancia, como nos ha advertido la Abogacía General a través de la cual nos hemos personado en la causa”.

“Hemos puesto a disposición de estas menores, como siempre hacemos, todos los recursos de los que disponemos”, ha afirmado Dancausa, defendiendo que todas las intervenciones se adaptaron en todo momento a los problemas educativos, conducta, consumo de tóxicos o violencia familiar que sufrían las niñas cuando entraron en el sistema de protección y a su evolución ante el trabajo terapéutico realizado por los profesionales de los mismos.

Así, ha repasado las constantes comunicaciones con los agentes tutores, Policía Municipal y guardia Civil, las denuncias al Grupo de Menores por sus ausencias voluntarias tras salidas o periodos vacacionales con sus familias de estos centros de régimen abierto, las derivaciones a recursos especializados en atención a drogodependientes (incluso fuera de la región para que pudieran romper con su entorno), trastornos de conducta, abuso sexual o salud mental, las notificaciones de seguimiento remitidas a Fiscalía de Menores y a los Juzgados o las denuncias presentadas ante las autoridades policiales cuando alguna de estas menores refería a sus educadores haber sido objeto de agresiones sexuales en sus salidas.

La consejera ha subrayado que todas estas medidas fueron tomadas por los profesionales de los distintos recursos, “que son los que cuentan con la formación, experiencia, criterio y potestad reglamentaria para adoptar las decisiones más convenientes para el interés superior de unos menores que muchas veces llegan a sus centros en situaciones extremadamente complejas”. En este sentido, ha defendido el trabajo de estos profesionales “que han actuado en todo momento de manera correcta y conforme a la ley”, y ha trasladado a los diputados su petición “para que se les deje hacer el trabajo que les corresponde sin interferencias”.