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Centenares de vecinos y vecinas de las localidades de Cubas de la Sagra, Torrejón de la Calzada, Casarrubuelos, Torrejón de Velasco, Griñón, Serranillos, entre otros, se manifestaron el pasado domingo 21 de abril a las puertas de la Asamblea de Madrid llevando así a las puertas de nuestra cámara regional su posición totalmente en contra de la instalación de la planta de biogás que la multinacional Acciona proyecta levantar en terrenos de Cubas.

La delegación del Gobierno cifró la concentración en torno al medio millar, pero los organizadores afirman que hubo más de 1.000 personas. El objetivo, no obstante, era que se visibilice al máximo esta protesta de los municipios del suroeste de nuestra región y que se consiga paralizar este proyecto al que también se oponen los Ayuntamientos de las localidades afectadas. Esta acción de protesta es una más de las actividades que vienen desarrollando las plataformas de los distintos municipios así como las dos asociaciones que se han creado a tal efecto. También se están instalando mesas informativas por distintos puntos de todos los pueblos de la zona, se están preparando las alegaciones colectivas e individuales y se está informando a los vecinos de las consecuencias que traería la aprobación definitiva de este proyecto.

Hace unos días, el presidente de la Asociación Vecinal Luchando Por Torrejón de la Calzada, Eduardo Adán, que en tan solo 24 horas habían conseguido registrar 200 alegaciones y 787 firmas contra la planta de Acciona.

Además de la movilización vecinal, los Ayuntamientos continúan con su trabajo para presentar alegaciones. El Ayuntamiento de Cubas, por ejemplo, está a la espera de recibir los resultados del estudio encargado a la Cátedra Ecoembes de la universidad Politécnica mientras prepara sus alegaciones.

Y el Ayuntamiento de Torrejón de la Calzada, acaba de anunciar que su alcalde David Blázquez mantuvo esta semana una reunión con representantes de Acciona a los que trasladó que la Corporación al completo está totalmente de la ubicación de la planta, que se usarán todos los medios jurídicos posibles para impedir que se instalen en la zona elegida, y el malestar causado entre vecinos y vecinas por hacer actuado con secretismo y sin consultar la opinión de nadie.