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Hace 13 años, José Vélez, vecino de El Escorial, decidió talar un fresno enfermo que amenazaba con caerse sobre el tejado de su casa tras una noche de tormenta. Poco podía imaginar que esta decisión se convertiría en su peor pesadilla: fue condenado a pagar una multa de 100.000 euros (más otros 43.000 de intereses), cuantía a la que sigue haciendo frente a día de hoy. "Pasaron por allí los municipales, y les invité a entrar para explicarles lo que pasaba; me dijeron que esto era algo normal, que podía ocurrir tras un temporal, y yo lo di por comunicado, pero al cabo de tres meses aproximadamente recibí la notificación de que, por no haber pedido permiso, debería abonar una sanción de entre 100.000 y 500.000 euros", explica en una entrevista para Televisión Digital de Madrid.

Renuncia y sacrificios para poder satisfacer la cuantía

Se trata de una suma muy elevada que ha podido ir liquidando "a plazos y con mucho sacrificio". Vélez se vio obligado, incluso, a vender un terreno de su padre. "Sólo me dijeron que esa era mi cuota y que tuviera dinero en el banco para pagar. He estado desembolsando unos 1.600 euros al mes durante mucho tiempo, mientras pagaba la hipoteca y costeaba los gastos de dos hijos, que en aquel momento aún eran pequeños, por lo que en el aspecto económico hemos tenido que renunciar a muchas cosas, como mejor comida, gustos y vacaciones, apretándonos el cinturón y sin poder llegar a fin de mes", lamenta. "No soy un hombre rico, y una partida muy importante iba todos los meses destinada al Ayuntamiento", añade.

"Fue irregular, hicieron trampa"

En cuanto a las consecuencias anímicas y psicológicas derivadas de todo este periplo, sostiene que el daño ha sido incluso mayor que en el ámbito financiero: "la situación de vulnerabilidad frente a la Administración es total, no puedes hacer nada, y te genera miedo". Asegura que se trata de "un capricho, que además fue irregular, porque hicieron trampa", el cual "puede hundir la vida de una familia". En este sentido, subraya que "han sido muchos días y noches intentando conseguir el dinero, y pensando que estamos a merced de cualquiera que tenga una idea como ésta, aunque sea ilegal, como en este caso".

"Con el paso del tiempo se descubrió, al detectarlo un concejal nuevo del Ayuntamiento, que lo que la Ley estipula a la hora de imponer una multa grave es que el asunto se tendría que haber llevado a pleno, para someterlo a la votación de toda la Corporación municipal, y no quisieron, por lo que se podría deducir que carece de validez, porque la impuso alguien que no tenía potestad para ello y además lo escondió declaradamente: por más que diferentes ediles preguntaron por esta cuestión jamás les respondieron", expone. En la misma línea, afirma haber pedido "hasta en siete ocasiones y por escrito la revisión de mi expediente y nunca me la han concedido a lo largo de los años".

Excesivo incluso para colectivos ecologistas

El ejemplar no estaba protegido; asociaciones ecologistas se han posicionado del lado de José y hasta la propia Guardia Civil emitió un informe del SEPRONA señalando que el estado del árbol había propiciado su caída. "A nadie le han impuesto una multa semejante en España; como mucho, ascendían a 10.000 o 15.000 euros, incluso en caso de talas numerosas o realizadas a propósito", declara, al tiempo que subraya que "a mí me parece que fue un golpe de efecto para que se supiera en todo el pueblo quién mandaba", sentencia.

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Luz al final del túnel

El pasado 25 de enero, el Pleno del Ayuntamiento de El Escorial aprobó por unanimidad incoar el procedimiento revisor del expediente sancionador contra José Vélez. Tras dicha aprobación, se ha abierto un plazo de 15 días hábiles para que el perjudicado presente alegaciones e incorpore la documentación requerida para la resolución del expediente. El informe y los diferentes documentos aportados se elevarán a la próxima Sesión Plenaria y de ahí se dará traslado a la Comisión Jurídica Asesora de la Comunidad de Madrid para su resolución. El Consistorio destaca que "dentro de la normativa del funcionamiento de la Comisión Jurídica Asesora se establece suspender el plazo máximo legal para resolver el procedimiento" y, en caso de salir adelante, "la multa se anularía y se revisará la posibilidad de devolver al afectado el importe pagado".

Este medio de comunicación también ha tenido la oportunidad de entrevistar al concejal de Transportes en la localidad, Demetrio Garrido, acerca de esta cuestión: "este vecino estaba en una situación de indefensión total, y hay un aspecto en el que se cree que el procedimiento puede ser nulo, por lo que ahora tendrá la posibilidad de defenderse".