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Actualmente, las subvenciones y prestaciones económicas que reciben los vecinos de Fuenlabrada se traducen en millones de euros, tal y como han afirmado los populares, quienes manifiestan que "no ponemos en duda que estas ayudas sean necesarias, ponemos en duda los criterios con los que se otorgan esas ayudas, las cuales no buscan una ayuda al vecino sino una compra de votos".

Así, en torno a estas declaraciones, apuntaban que el Consistorio está creando una sociedad que tiene como objetivo "generar una forma de vida en base a esas prestaciones", apostillando que "la sociedad que intenta progresar a base de ayudas, es una sociedad abocada al fracaso". Destacaban que "el Ayuntamiento de Fuenlabrada

Desde el PP de Fuenlabrada inciden en la necesidad de que las ayudas que se otorguen deben ser gestionadas y fiscalizadas por la Casa Consistorial, puesto que se trata de "dinero público", por lo que los responsables competentes "deberían cerciorarse de que el dinero destinado a los vecinos se emplee realmente en las causas por las que se solicitan las ayudas". Esta propuesta cobra sentido en tanto en cuanto los ciudadanos demuestren a través de facturas o justificantes en qué se ha empleado el dinero público, tal y como deben hacer las entidades o corporaciones.

Asimismo, afirmaban estar de acuerdo con una política de bajada de impuestos y mantener ayudas y subvenciones siempre que se modifique a la baja las ratios de quienes las reciben, otorgando así prestaciones de forma equitativa y no igualitaria, beneficiando a los que más lo necesitan. "Aquí es donde vemos que esas ayudas del Ejecutivo local buscan un rédito electoralista y no social".

La nueva propuesta sostenible impulsada por el Ayuntamiento de Manuela Carmena, ha sido catalogada por los populares como un "acto de irresponsabilidad", puesto que atiende a "razones personalistas", ya que "esta medida se ha implantado de la noche a la mañana sin contar con nadie". El blindaje de la zona centro a la arteria coronaria de los municipios del sur responde a una "imposición ideológica de Carmena", afirmaba con rotundidad el portavoz del grupo municipal, Sergio López.

Ante esto, "nosotros pedimos en el último Pleno que se paralizase la antimovilidad que es Madrid Central". Sin embargo, apuntaban a que su deseo corresponde con que se paralice, no con que se elimine: "llegará un momento en el que Madrid Central deba funcionar como ya lo hace en otras capitales europeas, pero no se puede ejecutar de manera improvisada y sin consultarlo con las partes afectadas". Es por ello que los populares han hecho una visita al Defensor del Pueblo, uniéndose a la firma que manifiesta su apoyo a la paralización de este proyecto y, especialmente, a la puesta en marcha del funcionamiento de los semáforos instalados en la A-5.

A pesar de la demanda ancestral de los vecinos que solicitan la construcción de un nuevo Centro de Salud en la zona distrito El Vivero, los populares han optado por señalar que, al contrario de lo que se viene diciendo, "esto no se lleva reclamando diez años", puesto que "hubiese sido una responsabilidad entonces" ya que el volumen de ciudadanos allí establecidos no llegaba a los mínimos para proceder a la edificación. No obstante, incidían en que "esta propuesta está respaldada por el Partido Popular, estamos a favor del punto número 1 que se discutió en el Pleno sobre este tema, pero sin pedir la dimisión del consejero".

Además, resaltaba que desde la Comunidad de Madrid se tiene intención de poner el tan anhelado centro de salud en marcha, porque "se ha presupuestado en torno a cuatro millones de euros y estiman que la licitación de la obra se produzca en el primer trimestre del próximo año 2019", concluía López.