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Los grupos PSOE, Ciudadanos y Podemos han elevado a la Fiscalía este informe en el que aparecen reflejadas las supuestas irregularidades encontradas por la Comisión de Estudio de la Auditoría del Endeudamiento y la Gestión Pública de la Comunidad de Madrid sobre uno de los proyectos estrella de la expresidenta, Esperanza Aguirre. El proyecto, también conocido como Campus de la Justicia, pretendía unificar todas las sedes judiciales de la región.

No obstante, lejos de convertirse en una realidad, la Ciudad de la Justicia supuso un quebranto económico de casi 130 millones de euros para las arcas públicas. Un montante del que apenas se han recuperado 25 millones del total.

Ahora, la oposición de la Asamblea de Madrid ha decidido elevar este informe tras la aparición de las “facturas falsas” del exconsejero de Aguirre, Francisco Granados, a la Audiencia Nacional. La decisión contó con la negativa del Partido Popular, una postura muy criticada por el resto de grupos. Los populares han indicado que estas presuntas irregularidades son “una aseveración que ha hecho la oposición a título particular”. Además, señalan que harán un posicionamiento “cuando se haga el dictamen definitivo de la comisión de endeudamiento”.