El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha vuelto a dar la razón a la Comunidad de Madrid respecto a las medidas cautelares que pedía el Ayuntamiento de Fuenlabrada en relación a las obras que inició el Gobierno regional en el Centro de Primera Acogida de La Cantueña. El Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso vuelve a acusar al consistorio fuenlabreño a intentar boicotear este proyecto que, según defienden, está quedando acreditado en la justicia.
La sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha ratificado en su último auto lo dicho anteriormente en este asunto que comenzó cuando el Gobierno fuenlabreño aprobó un expediente de paralización de las obras que la Comunidad estaba ya ejecutando. El Gobierno regional acudió a la justicia para parar cautelarmente ese expediente. Y ahora confirma, tras las apelaciones de Fuenlabrada, que su decisión estaba ajustada a derecho. Además, condena al Ayuntamiento de Fuenlabrada a pagar las costas del proceso que ascienden a 1.300 euros.
El fallo alega en su escrito que “el Ayuntamiento de Fuenlabrada sí está poniendo en tela de juicio el interés superior de los menores extranjeros no acompañados y todo lo que ello conlleva”.
Además concreta que “ampara el otorgamiento de la medida cautelar y que se sitúa en la necesidad de atender la llegada de cada vez más menores extranjeros no amparados, situación frente a la cual los intereses patrimoniales propios que esgrime el Ayuntamiento de Fuenlabrada, o las dudas urbanísticas que plantea pasan a un segundo plano, frente al interés superior de los menores”.
EL AYUNTAMIENTO RECUERDA QUE EL FONDO DEL ASUNTO SIGUE SIN ESTAR RESUELTO
Desde el Ayuntamiento, acusan a la Comunidad de 'retorcer' este auto y recuerdan que el fondo del asunto está aún por resolver. Uno de las frentes abiertos se dirime también en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid donde se admitió a trámite la denuncia sobre la adjudicación de las obras por la vía de emergencia . Otra de las cuestiones que quedan por resolver es la titularidad del edificio, que el Ayuntamiento defiende que es suya ya que se ha roto un convenio de hace más de 20 años por el que el consistorio cedió el edificio a la Comunidad para realizar un proyecto que tenía que ver con la educación medioambiental y que, en ningún caso se ha cumplido.