MENÚ

El Ayuntamiento de Fuenlabrada mantiene abierto el conflicto con la Comunidad de Madrid por el Centro de Primera Acogida para menores inmigrantes no acompañados que ya está en funcionamiento desde hace unas semanas. Como recuerda el alcalde cada vez que tiene ocasión, hay tres procesos judiciales abiertos que tendrán que dilucidarse en pocas semanas o meses. Uno de los frentes abiertos tiene que ver con el acuerdo de cesión que existe entre las dos administraciones desde hace más de dos décadas. Y que ahora la administración local quiere revertir.

Por eso, el pasado mes de julio la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Fuenlabrada aprobó la reversión de la cesión de este espacio que ahora ocupa el centro de menores al consistorio. La Comunidad de Madrid se defendió y presentó ante el juzgado de los Contencioso-Administrativo de Madrid la petición de suspensión de dicho acuerdo. El 31 de julio se suspendió por parte de la Justicia y de forma temporal este acuerdo sobre la reversión de los terrenos, sin entrar aún a valorar si el Ayuntamiento fuenlabreño podía hacer efectiva esa reversión como defienden o no.

Ahora, en un auto con fecha de 7 de octubre al que ha tenido acceso SoydeMadrid, el juez mantiene esa suspensión temporal. En el citado auto, el juez estima que
" después de realizar una “valoración circunstanciada de todos los intereses en conflicto” -de acuerdo con la terminología utilizada al respecto en el artículo 130.1 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, sí se aprecian razones objetivas, ciertas y manifiestas que permiten apreciar en el caso analizado la producción de daños de reparación imposible o difícil, en lo que respecta a la referida ejecutividad de la actuación municipal recurrida, atendiendo a la naturaleza de los perjuicios alegados y a la pérdida de su finalidad legítima al recurso". Es decir, que el juez considera que si se levantara la suspensión cautelar de las medidas la parte recurrente, la Comunidad de Madrid, podría sufrir daños de imposible o difícil reparación. Por eso, se mantiene la medida acordada hace unos meses y se sigue estudiando el fondo de la cuestión sobre a quién le corresponde la titularidad del inmueble que tanto Ayuntamiento como Comunidad reclaman.