La vivienda, o mejor dicho, la dificultad para acceder a una vivienda en propiedad o en alquiler, ya es el tercer problema que más preocupa a la ciudadanía, según indican los estudios del Centro de Investigaciones Sociológicas.
Hace unos días, precisamente, la ministra de Vivienda del Gobierno de España, Isabel Rodríguez, comparecía en el Congreso de los Diputados para explicar las políticas del Ejecutivo central y para poner en valor los instrumentos de los que disponen las administraciones públicas para poner en marcha medidas que contengan los precios de alquileres y de venta de los inmuebles. Una de esas medidas es la controvertida posibilidad de declarar a los municipios zonas de mercado tensionado que permite limitar los precios de los nuevos alquileres. El problema es que son las Comunidades Autónomas las que tienen que activar esta medida y, por el momento, tan solo Cataluña lo ha hecho. Desde principios de año centenares de municipios catalanes tienen esta etiqueta de zona tensionada y los primeros datos arrojan resultados contradictorios. Se ha logrado rebajar el precio medio del alquiler en un 5%, pero a la vez se ha reducido de manera considerable los inmuebles disponibles para el alquiler.
En Madrid, así como en el resto de Comunidades Gobernadas por el PP, la Administración de Isabel Díaz Ayuso se niega en rotundo a utilizar esta medida de la Ley de Vivienda. El Ejecutivo regional apuesta por su Plan VIVE, por desregular y por aumentar la construcción de viviendas ya que consideran que los problemas que tenemos son exclusivamente de una gran falta de oferta.
Enfrente, se sitúan los socialistas que quieren hacer valer su poder municipal para llevar a la Asamblea de Madrid una Iniciativa Legislativa que obligue a debatir en la cámara regional la posibilidad de implementar las medidas de la Ley de Vivienda Estatal.
Once alcaldes y alcaldesas de la Comunidad lideran esta petición y desde hace unas semanas trabajan en conjunto para conseguir que se apruebe una modificación de la Ley de Suelo de la Comunidad de Madrid con el objetivo de que las ciudades tengan la iniciativa a la hora de declararse como zonas de mercado residencial tensionado y, de esta manera, exista la posibilidad de actuar sobre el mercado inmobiliario para facilitar el acceso a la vivienda.
Este texto se someterá a aprobación por parte de todos los plenos de los diferentes municipios durante el mes de noviembre. Así lo han acordado la Comisión de alcaldes y alcaldesas constituida la pasada semana para ese fin y a la que se han añadido los ayuntamientos de Pinilla del Valle y San Martín de la Vega. Estos municipios se unen a los de Fuenlabrada, Alcorcón, Getafe, Parla, Ciempozuelos, Coslada, San Fernando de Henares, Mejorada del Campo y Velilla de San Antonio.
El alcalde de Fuenlabrada, Javier Ayala, ha destacado que "las administraciones estamos obligadas a actuar con el objetivo de hacer efectivo el derecho de las personas a una vivienda. En el momento actual eso significa poder utilizar las herramientas legales que tenemos a nuestro alcance como es el caso de la ley que permite declarar zonas como especialmente tensionadas y, en consecuencia, nos da la posibilidad de intervenir sobre el mercado para, por ejemplo, controlar los precios de los alquileres”.
Javier Ayala ha añadido que “eso es lo que estamos pidiendo los ayuntamientos. Tener la posibilidad de poder hacer uso de esa ley sin el veto de la Comunidad de Madrid, trabajando de manera coordinada todas las administraciones con un único objetivo: hacer asequible la vivienda para todos y todas, pero especialmente para las personas jóvenes”.
La Comisión de alcaldes y alcaldesas ha procedido a la aprobación de la exposición de motivos y del texto de la iniciativa legislativa para regular la declaración de zonas tensionadas en la Comunidad de Madrid.
Dichos documentos serán ahora aprobados durante el mes de noviembre por los diferentes plenos municipales de forma que la iniciativa se eleve a la Mesa de la Asamblea de Madrid.
Los alcaldes y alcaldesas han coincidido en la necesidad de que salga adelante esta iniciativa con el objetivo de que las administraciones públicas puedan cooperar a la hora de intervenir en el mercado inmobiliario y facilitar el acceso a la vivienda de la ciudadanía. Por el momento, el Gobierno de la Comunidad de Madrid se ha negado de manera sistemática a declarar zonas de mercado residencial tensionado tal y como está previsto en la Ley estatal por el derecho a la vivienda.
En ese sentido, se han mostrado convencidos de que esta iniciativa, impulsada por municipios que representan a alrededor de 900.000 ciudadanos y ciudadanas de la Comunidad de Madrid, será debatida en la Asamblea de Madrid.