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El Pleno de Fuenlabrada ha requerido a la Comunidad de Madrid la puesta en marcha de un programa para impulsar la construcción de vivienda pública de alquiler en la región. Además, ha instado al Gobierno regional que colabore con el ejecutivo municipal para “la creación de un Plan Integral por el Derecho a la Vivienda que aborde la problemática de los propietarios de viviendas ocupadas en el municipio y facilite una solución habitacional a las familias que carezcan de ella”.

La moción, que ha contado con los votos a favor de PSOE y Unidas Podemos, en contra de PP y VOX y la abstención de Cs, confirma la creación de un servicio de información, apoyo e intermediación gratuito a particulares y comunidades de vecinos “afectados por la ocupación ilegal de viviendas” con el fin de facilitarles “mayor seguridad jurídica”.

Además, el pleno de la Corporación ha expresado su apoyo al proyecto de Ley del Derecho a la Vivienda que se tramita en las Cortes Generales para exigir corresponsabilidad a los grandes propietarios y proteger a los pequeños y a los inquilinos e inquilinas.

Asimismo, el documento aprobado señala que, desde el Ayuntamiento, se promoverá la coordinación con la Policía Local, Nacional y Delegación de Gobierno para establecer un protocolo que permita agilizar las actuaciones en caso de ocupación ilegal.

La moción aprobada hoy recuerda que el Ayuntamiento de Fuenlabrada siempre ha demostrado un fuerte compromiso con el derecho a una vivienda digna. De este modo es uno de los municipios que ha desarrollado mayor número de vivienda pública protegida, a través de expropiación convenida, con reconocimientos como el Premio Nacional de Urbanismo que obtuvo en 2004.

Además, añade que el Ayuntamiento ha demostrado su compromiso con las familias vulnerables, siendo el primer municipio que puso en marcha la Oficina Municipal de Asesoramiento al Deudor Hipotecario como servicio municipal.

“La realidad de la vivienda en nuestra región es realmente preocupante, a la ver que es notable la ausencia de políticas de vivienda pública, donde además se da uno de los previos de alquileres más elevados”, manifiesta el documento.

“La ocupación ilegal de viviendas es un problema que tiene su origen en la crisis económica de 2008 y en la falta de una política clara y definida de vivienda social en la Comunidad de Madrid”, destaca el texto.

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