Hace unas semanas, Telemadrid publicó un reportaje contando la historia de Blanca y Miguel, unos vecinos del Parque Coimbra de Móstoles que cuentan que están sufriendo un calvario por culpa de una familia marroquí que lleva cinco años viviendo en su piso de Fuenlabrada sin pagar el alquiler y sin intención de abandonar la casa hasta que un juez les eche.
En el propio video, la inquilina se afirmaba que no tenía donde ir y que efectivamente recibe ayuda de los servicios sociales.
No hace falta más ingredientes para que el caso se convierta en viral en redes sociales, para que lluevan los comentarios racistas y xenófobos y para que determinados medios hagan escarnio público sin siquiera contrastar lo que cuentan. Pero ¿Y si no se cuenta toda la verdad? ¿Y si en realidad no estamos ante unos malvados extranjeros 'robando' a unos españoles? ¿Y si estos casos se utilizan para defender otros intereses?
Todo se complica, además, cuando hay determinados partidos políticos que utilizan estos casos para sus fines políticos. Y tampoco ayuda que empresas del sector conviertan esto en el escaparate perfecto para su negocio.
Es lo que ha hecho la conocida Desokupa.com que ha convocado para la tarde de este lunes a todo el que se quiera unir a su ‘acción’ pensada y estudiada para devolver de manera inmediata el piso a sus propietarios.
Así lo contaba el CEO de la compañía Daniel Esteve que afirmaba que hoy mismo recuperaría el inmueble para “los abuelitos de Fuenlabrada y lo puedo prometer porque así lo voy a hacer”. Poco parecía importar que para solucionar un problema se podría estar ocasionando otra quizás mayor, como es dejar en la calle de un día para otro a cuatro menores.
Este mismo lunes, a las puertas del portal del piso en Fuenlabrada, Daniel Esteve ha matizado sus palabras en unas declaraciones para Eltoro.tv y ha dicho que lo que está haciendo no es una ‘desokupación’ sino una ‘mediación’.
Afirma que han hablado con todas las partes, ya que en este caso “hay dos víctimas, los dueños Alba y Miguel y una familia con cuatro niños” que en ningún momento pensaron en “echar la puerta abajo, coger a los cuatro menores y ponerlos de patitas en la calle”. Y cuenta que su trabajo está consistiendo en buscar otro piso para reubicar a la familia y que los octogenarios puedan vender la propiedad. Es justo lo que fuentes municipales indican que están haciendo desde el consistorio desde hace días, que, por otra parte, es lo único que se puede y debe hacer.
Daniel Esteve en EltoroTv “en una semana o diez días estará todo solucionado”.
Desencuentros entre los dueños y los inquilinos
La historia de Blanca y Miguel y sus inquilinos comienza hace cinco años. Esta familia, en realidad, no son marroquís, son refugiados sirios que llegaron a España cuando en su país estalló una cruenta guerra que causó miles de desplazados. Justo lo que está ocurriendo, a una escala mayor, estos meses en Ucrania.
Los propietarios octogenarios, según cuentan ellos mismos en varios reportajes publicados por distintos medios, alquilaron su piso a estas personas que estaban siendo ayudados por una ONG. Según ha sabido Soyde el precio mensual era de aproximadamente 650 euros.
Este alquiler se ha ido pagando de manera regular durante el tiempo que ha durado el contrato de alquiler, pero en un momento dado comenzó a haber problemas entre ambas partes.
El primer choque vino a cuenta del contrato de arrendamiento. El contrato inicial fue de tres años, como marca la Ley de Arrendamientos Urbanos que podrá ser prorrogado a su finalización por periodos de 12 meses si así lo acuerdan las partes. En este caso, los propietarios denunciaron a los inquilinos porque consideraban que dicho contrato estaba cumplido, mientras que los inquilinos defendían que hubo una prórroga automática. Dirimieron sus diferencias ante la Justicia que dio la razón a la familia en alquiler lo que ha hecho que la vigencia del contrato haya llegado hasta el pasado 30 de junio.
La otra disputa entre ambas partes se produce porque la familia que vive en el piso afirma que llegaron a un acuerdo verbal con los propietarios para rebajar el precio de alquiler durante los meses de la pandemia, hecho que la otra parte niega por completo. Lo cierto es que hay una deuda que los dueños cifran en 3.500 euros y que la familia inquilina sostiene que es de poco más de 2.000 euros.
El caso es que nos encontramos con los dueños legítimos de un piso en plena disputa con sus arrendatarios y que deberían buscar una solución que satisfaga a todas las partes. Y parece que así será ya que, como reconoce Daniel Esteve en EltoroTv “en una semana o diez días estará todo solucionado”. Todo lo demás en este caso es propaganda.
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