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Vox propone en el Pleno medidas contra la inmigración ilegal
El partido de Isabel Pérez pidió mantener actualizado el padrón municipal o suspender las ayudas a personas que se encuentren en situación irregular
Fuenlabrada |

El Grupo Municipal Vox de Fuenlabrada sigue con su cruzada contra la inmigración ilegal y llevó este asunto al último pleno celebrado en nuestro consistorio con una moción en la que pedía una serie de medidas que, consideran, son necesarias para abordar lo que denominan empadronamientos ilegales y la inmigración ilegal. La moción no salió adelante ya que tanto PSOE como PP votaron en contra y solo los ediles de Vox la respaldaron.

La propuesta contemplaba medidas como mantener actualizado el padrón municipal, la colaboración entre diferentes instituciones como la Policía Local, la Policía Nacional o los servicios de inmigración, o la suspensión de cualquier tipo de ayuda social para aquellas personas que hayan ingresado ilegalmente en España o se encuentren en situación irregular en nuestro territorio.

Las medidas que pide Vox en Fuenlabrada no son nuevas ya que es algo que reiteradamente piden, a pesar de saber que las personas migrantes que llegan a España de manera irregular son atendidas a través del Programa de Atención Humanitaria gestionado por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Desde el Gobierno no es la primera vez que explican que las personas inmigrantes no reciben ayudas económicas. Y las organizaciones como Cruz Roja o Accem que atienden a estas personas detallan que ellos les pueden asignar una ayuda de 50 euros mensuales si se valora que hay necesidades que no les quedan cubiertas.

Estos inmigrantes si continúan en nuestro país de manera irregular tampoco pueden acceder al Ingreso Mínimo Vital ya que entre los requisitos para poder cobrarlo está el "tener residencia legal y efectiva en España de forma continuada e ininterrumpida durante al menos el año anterior a presentar la solicitud".

Si hablamos de las prestaciones por desempleo, para acceder a ellas es necesario estar dado de alta en la Seguridad Social, lo que excluye también a las personas inmigrantes que estén en situación irregular que acaban de llegar a España.

Sobre el padrón, el propio equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Fuenlabrada indica que los funcionarios municipales realizan su trabajo de manera profesional y correcta y mantienen perfectamente actualizado el empadronamiento, como marca la ley.

A pesar de todo esto, la portavoz de Vox en nuestra ciudad, Isabel Pérez, sostiene que el PP y el PSOE "apoyan las mismas política migratorias tanto en Europa como en España" y les culpa de "haber promovido la regularización masiva de 500.000 inmigrantes en nuestro territorio". Esta denuncia, en realidad, tampoco es así ya que lo que ha ocurrido es que el Congreso ha admitido a trámite una iniciativa popular que pide la regularización de estas personas tras reunir la firma de más de 600.000 ciudadanos españoles y el apoyo de más de 900 organizaciones. Esta iniciativa sigue su recorrido parlamentario que deberá realizarse en la comisión de Migraciones del Congreso de los Diputados donde se enmendará por todos los grupos de la cámara. Después la petición debe reunir los apoyos necesarios para su aprobación definitiva, algo que no está ni mucho menos asegurado ya que el Partido Popular, incluso el PSOE, han dicho que su voto dependerá de cómo quede finalmente redactada la norma.

CENTRO DE MENAS

Como no, en este debate sobre la inmigración irregular volvió a salir el Centro de Menores no Acompañados que el Gobierno de la Comunidad de Madrid quiere abrir en el Cerro de la Cantueña. Pérez reprochó a la portavoz del PP en nuestra ciudad que el presidente de su partido, Alberto Núñez Feijóo afirme que "las Comunidades Autónomas tiene que ser solidarias" y recuerda la edil de Vox que su posicionamiento en este punto es claro "los menores necesitan estar con sus familias, no se necesitan, como dice usted, plantando árboles en nuestra ciudad".

El Grupo Municipal de Vox ha presentado una propuesta para instar a la Comunidad de Madrid a reconsiderar el uso del edificio de la Cantueña y a reactivar el proyecto presentado por la Entidad de Conservación Cobo Calleja.