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Los vecinos de Galapagar están de enhorabuena porque las arcas municipales se acaban de ahorrar cerca de 4 millones de euros gracias al buen hacer de la Concejalía de Asuntos Jurídicos. Se trata exactamente de los 3,6 millones de euros que Unión Temporal de Empresas Valoriza Servicios Medioambientales S.A y Aplicaciones Gespol S.L (U.T.E) reclamaba al consistorio galapagueño como merma de sus ingresos, buscando así un reequilibrio económico del contrato administrativo firmado en el año 2012.

De esta manera, la sentencia judicial número 259/2023 concluye que el Ayuntamiento no está obligado a cumplir con las pretensiones de la parte demandante, así como los daños derivados de modificaciones legislativas relacionadas con notificaciones en papel, cifrados en 30.990,81 euros. Además, es importante destacar que el juez ha condenado en costas a la U.T.E. lo que refleja la solidez de la posición del Ayuntamiento de Galapagar en este asunto.

Para la concejal delegada del área de Asuntos Jurídicos, Carmen Pérez Arellano, “esta sentencia pone de manifiesto el resultado del trabajo bien hecho y pone en evidencia además las críticas vertidas por la anterior corporación que insinuaba la mala gestión realizada respecto a este contrato. Ahora los tribunales nos dan la razón, lo que supone solo el principio de todas las demandas y sentencias que están por llegar para clarificar las actuaciones del desgobierno en Galapagar en los últimos 4 años”.

Sentencia en contra del Ayuntamiento por la inactividad del anterior equipo de gobierno

Frente a la sentencia anteriormente descrita con un resultado especialmente favorable para el Ayuntamiento de Galapagar, existe el ejemplo contrario de cómo puede resolverse un proceso judicial en contra del consistorio por una decisión política desacertada del anterior equipo de gobierno.

Es el caso de la sentencia 254/2020, presentada por la Entidad Urbanística Colaboradora de Conservación de Parquelagos contra el Ayuntamiento de Galapagar. Esta Entidad, que fue recepcionada en el año 2018 por el entonces equipo de gobierno Popular, ha seguido pagando tasas y mantenimiento durante la legislatura anterior por una decisión política y arbitraria del gobierno socialista. Esto ha supuesto una condena de 15.000 euros para el Ayuntamiento por incumplimiento del convenio.

Tal y como concluye la concejal Carmen Pérez Arellano, “este ayuntamiento continuará vigilante en asuntos legales y administrativos que afecten a nuestra comunidad, trabajando siempre en defensa de los intereses de nuestros ciudadanos”.

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