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Los alcaldes y alcaldesas de Getafe, Alcorcón, Fuenlabrada, Parla, Mejorada, Velilla de San Antonio, Ciempozuelos, Coslada y San Fernando de Henares han constituido el acta de constitución de la comisión de alcaldes y alcaldesas prevista en la en la Ley 6/1986, de 25 de junio para impulsar la modificación de la Ley de Suelo de la Comunidad de Madrid de 2001 y así permitir la declaración de Zona de Mercado Residencial Tensionado en aplicación de la Ley 12/2023, de 24 de mayo, por el derecho a la vivienda.

La alcaldesa de Getafe, Sara Hernández, recuerda que “ya en septiembre de 2023 acudimos a la presidenta regional y al consejero de Vivienda para reclamar que se estudiara la declaración de Getafe como Zona Tensionada, pero más de un año después y con el acceso a la vivienda cada vez más difícil para las familias, la Comunidad de Madrid continúa sin desarrollar la Ley de Vivienda”.

El objetivo básico de esta iniciativa es convertir la política de vivienda en el quinto pilar del Estado de Bienestar, favoreciendo y propiciando desde lo público la existencia de vivienda social en el mercado; así como apostar por la intervención de las políticas públicas de vivienda para garantizar la consecución del derecho de acceso por parte de la ciudadanía.

Esta acción responde a la convicción de que, como representantes de las entidades locales y como administración más cercana a las necesidades de la ciudadanía, es necesario poder actuar con los instrumentos legales habilitados para defender el acceso a la vivienda de los vecinos y vecinas, especialmente de los jóvenes de nuestros municipios posibilitando su emancipación.

A través de esta iniciativa se pretende no solo impulsar una proposición de ley reguladora del procedimiento a seguir para la declaración de zonas de mercado residencial tensionado ante la Mesa de la Asamblea de Madrid de los municipios firmantes y del que podrán beneficiarse los 179 municipios de la Comunidad de Madrid que sufran las mismas necesidades; sino, principalmente, crear un marco de actuación para orientar las actuaciones públicas en este ámbito a la creación de vivienda social para la población, en condiciones que la hagan para su acceso en el mercado, de acuerdo con las diferentes necesidades territoriales.

Todos los ayuntamientos participantes han mostrado su firme convicción de la necesidad de cooperación entre administraciones, y más en un aspecto tan vital como las políticas públicas en defensa del derecho a la vivienda, pilar necesario para el desarrollo personal y familiar de la ciudadanía, es el momento de seguir aunando esfuerzos en la materia, según han manifestado.

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