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La alcaldesa de Getafe, Sara Hernández, ha vuelto a reunirse con la Plataforma de Afectados por Corrugados para valorar la aprobación por parte de la Comunidad de Madrid de la nueva AAI que permite operar a la empresa. El Gobierno Municipal considera que las medidas vuelven a ser insuficientes y que da vía libre a Corrugados para mantener las molestias a los vecinos.

Como explica la alcaldesa, “el Gobierno de Ayuso no se ha puesto firme y deja en manos de la empresa seguir funcionando como hasta ahora. Aunque dice prohibir la actividad por la noche, al mismo tiempo permite a la empresa que pueda seguir haciéndolo, con unas pocas modificaciones a pesar de la experiencia de incumplimientos. La nueva AAI es un cheque en blanco, al mismo tiempo que se reconocen las molestias de ruido en los barrios cercanos”.

En la tramitación de la AAI, la Consejería de Medioambiente reconoce expresamente la afección por ruido de las viviendas de Juan de la Cierva y Los Molinos, pero "no regula nada sobre este tema, por lo que las molestias a los vecinos continuarán con su beneplácito", señalan desde el consistorio.

El concejal de Medioambiente, Jesús Pérez, insiste en este sentido que “la nueva AAI no resuelve las afecciones a la salud derivadas del ruido, emisiones y olores que sufren diariamente los vecinos y vecinas de los barrios de Juan de la Cierva y Los Molinos. Una vez más la Comunidad de Madrid permite a Corrugados que incumpla la legislación ya que los controles sobre esta industria siguen siendo muy insuficientes. Desde el Departamento de Medio Ambiente estamos elaborando un recurso de alzada para que la AAI sea mucho más exigente”.

Para continuar con su estrategia de guante blanco a la empresa, el viceconsejero Rafael García ha entregado un informe del año 2022, elaborado por la propia consejería de Medioambiente, que traslada al Ayuntamiento la responsabilidad sancionadora en suelo residencial.

Se da la circunstancia que la Comunidad de Madrid no cuenta con una Ley regulatoria de ruido en el ámbito residencial desde hace 13 años, por lo que el Gobierno de Getafe solicita que "asuma sus competencias legislando y sancionando a la empresa".

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