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Once ayuntamientos de la región han aprobado hoy el texto de la iniciativa para modificar la Ley de Suelo de la Comunidad de Madrid con el objetivo de que las ciudades tengan la iniciativa a la hora de declararse como zonas de mercado residencial tensionado y, de esta manera, exista la posibilidad de actuar sobre el mercado inmobiliario para facilitar el acceso a la vivienda.

Como señala la alcaldesa de Getafe, Sara Hernández, “seguimos adelante con esta iniciativa ante la pasividad de la presidenta Isabel Díaz Ayuso con los problemas que están sufriendo los madrileños. Los precios de la vivienda siguen creciendo cada mes que pasa, frente a una Comunidad de Madrid que se niega a desarrollar la Ley de Vivienda y parece más interesada en los beneficios que puedan obtener los grandes especuladores inmobiliarios”.

Lo ha acordado la Comisión de Alcaldes y Alcaldesas constituida la pasada semana para ese fin y a la que se han añadido los ayuntamientos de Pinilla del Valle y San Martín de la Vega. Estos municipios se unen a los de Fuenlabrada, Alcorcón, Getafe, Parla, Ciempozuelos, Coslada, San Fernando de Henares, Mejorada del Campo y Velilla de San Antonio.

La Comisión de alcaldes y alcaldesas ha procedido a la aprobación de la exposición de motivos y del texto de la iniciativa legislativa para regular la declaración de zonas tensionadas en la Comunidad de Madrid. Dichos documentos serán ahora aprobados durante el mes de noviembre por los diferentes plenos municipales de forma que la iniciativa se eleve a la Mesa de la Asamblea de Madrid.

Los alcaldes y alcaldesas han coincidido en la necesidad de que salga adelante esta iniciativa con el objetivo de que las administraciones públicas puedan cooperar a la hora de intervenir en el mercado inmobiliario y facilitar el acceso a la vivienda de la ciudadanía. Por el momento, el Gobierno de la Comunidad de Madrid se ha negado de manera sistemática a declarar zonas de mercado residencial tensionado tal y como está previsto en la Ley estatal por el derecho a la vivienda.

En ese sentido, se han mostrado convencidos de que esta iniciativa, impulsada por municipios que representan a alrededor de 900.000 ciudadanos y ciudadanas de la Comunidad de Madrid, será debatida en la Asamblea de Madrid.

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