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Más Madrid Compromiso con Getafe presentó el pasado lunes una proposición para que el Ayuntamiento llevara a cabo los trámites necesarios para reclamar la titularidad pública del patrimonio religioso del municipio.

La propuesta viene tras la publicación del listado de 35.000 inmatriculaciones llevadas por la Iglesia Católica entre 1998 y 2015. En este listado aparecen cinco fincas inmatriculadas por la Diócesis de Getafe para las que no se presenta ningún título de propiedad y que solo cuentan con un certificado eclesiástico como prueba de su titularidad.

Entre los bienes recogidos aparecen la Catedral de Getafe, la Ermita de San Isidro y la Parroquia de San Eugenio, además de dos fincas rústicas sin identificar. Sobre estas últimas, solicitan en la proposición que se recaben todos los datos necesarios en el Registro de la Propiedad para identificarlas y valorar si también pudieran ser inmatriculaciones indebidas.

La formación de izquierdas, también ha solicitado al Ayuntamiento que solicite toda la información disponible en los Registros de la Propiedad de Getafe sobre las inmatriculaciones efectuadas por la Iglesia Católica, independientemente de su denominación formal, desde 1946, al amparo del artículo 206 de la Ley Hipotecaria por el que se permite la autocertificación de la titularidad.

«Pedimos que se recabe información y que se haga pública porque no hay ningún motivo por el cual se deba esconder a la ciudadanía el estado en el que se encuentra el patrimonio público que les pertenece. El uso religioso de un edificio no condiciona en absoluto su propiedad. Consideramos que la Diócesis de Getafe debe seguir haciendo uso de los bienes de culto, pero su titularidad debe ser pública como ha sentenciado el Tribunal de la Unión Europea y como ocurre en países vecinos como Francia o Portugal», declara Jesús Pérez, portavoz del Grupo Municipal Más Madrid Compromiso con Getafe.

De igual manera, la organización pide al Gobierno de España que anule los registros de todos los bienes de los que la Iglesia Católica se ha apropiado indebidamente al amparo del artículo 206 de la Ley Hipotecaria desde que se aprueba la Constitución Española en el año 78 ya que consideran que esos privilegios son incompatibles con un estado aconfesional y una sociedad laica.