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El Partido Socialista de Las Rozas solicita, al Ayuntamiento, declarar, de nuevo, Bien de Interés Cultural (BIC) La Presa del Gasco y El Canal de Guadarrama, una figura de protección regulada por la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español.

Para ello, presenta en el pleno una moción para instar al Gobierno de la Comunidad de Madrid que en caso de que este paisaje perdiera su protección BIC, proceda de manera urgente a realizar todas las acciones necesarias para recuperar su protección. Asimismo, la iniciativa insta a la Comunidad de Madrid a implementar, en colaboración con los Ayuntamientos de Las Rozas de Madrid, Galapagar y Torrelodones, la mejora de las condiciones de seguridad de vecinos y visitantes en la Presa de El Gasco y el Canal del Guadarrama.

Esta solicitud viene marcada porque “la falta de protección de esta zona puede acarrear consecuencias irreversibles, sobre todo si tenemos en cuenta la importante presión urbanística que existe en el término municipal de Las Rozas en el que, además, se encuentra en tramitación el Avance del Plan General de Ordenación Urbana”, lamenta el portavoz socialista, Ángel Álvarez.

Por su parte, el Partido Socialista también asegura que “el Ayuntamiento de Las Rozas, aprobó por unanimidad, una moción que solicitaba a la Comunidad de Madrid iniciar los trámites para declarar la Presa del Gasco y el canal del Guadarrama como Bienes de Interés Cultural”. En marzo de 2016, una nueva moción de los socialistas roceños era aprobada por unanimidad para agilizar su tramitación. De esta manera, en abril de 2019 se consiguió la declaración de BIC en la categoría de paisaje cultural. No obstante, el 15 de enero de 2020, la Comunidad de Madrid emitió una resolución en la que se desistía del expediente de esta declaración como Bien de Interés Cultural para emprenderlos en dos bienes separados.

En septiembre de 2021 la Comunidad de Madrid declaraba BIC el conjunto de expedientes en la categoría de paisaje cultural. El pasado mes de mayo, una sentencia del TSJ de Madrid declara la caducidad de este expediente por falta de notificación, en tiempo y forma por parte de la Comunidad de Madrid, a una de las propietarias y afectadas por los terrenos. Sentencia que ha apelado el Gobierno de Madrid ante el Tribunal Supremo.

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