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En la tarde de este miércoles los abogados de ASAES, Javier Ruíz y Andrés Alvarez, con la ayuda de una infraestructura montada por la FLAV de Leganés, visitaban el Agora del Centro Cultural José Saramago de la ciudad, para informar sobre la situación en la que se encuentra la denuncia contra la gerencia del Hospital Severo Ochoa. Los abogados informaron de que el juzgado número 4 de la ciudad ha rechazado investigar a la gerencia por homicidio, pero que sí investigará un delito contra los derechos de los trabajadores.

Los abogados exponían de forma escueta, debido a la longitud de la denuncia (40 páginas), los puntos en los que se basa la misma. Para ello se apoyaron en la comparativa con el Hospital de Getafe. Alguno de los puntos que destacaron fueron: La escasez de camas UCI en el Severo Ochoa, 10 frente a las 40-50 de Getafe; la diferencia en el número de trabajadores, 1700 aproximadamente en el Severo Ochoa, por los 2500 de Getafe; la negativa por parte de la gerencia a entregar mascarillas a los trabajadores en los primeros momentos de la pandemia “para evitar la alarma social” o el porcentaje de muertes potencialmente evitables que en Leganés se sitúa en un 20% mientras que en el resto de hospitales en un 8%-10%. Estos datos aportados por los abogados, se basan en “largas horas hablando y recogiendo testimonios de trabajadores con distintos puestos en el Severo Ochoa", explicaban.

Por otra parte, Javier y Andrés declaraban que habían recurrido el auto del juzgado en el que se rechazaba investigar a la gerencia por homicidio. “La Comisión de Mortandad presentó un informe a la Dirección en el que se establecieron muertes potencialmente evitables y los motivos de dichas muertes, es decir, que refleja una mala gestión por parte del Hospital” señalaron. Lo que si ha admitido investigar el juzgado ha sido un delito contra los derechos de los trabajadores del Severo Ochoa, “es inexplicable que en la planta de NO Covid, se registrase un porcentaje del 80% de trabajadores positivos por COVID, no tiene explicación, ni excusa ninguna”.

Los abogados también expusieron la mala praxis en cuanto a la comunicación para decidir los traslados del Hospital: “se decidía quien iba a ser trasladado, es decir, quien podía conseguir un respirador o una cama UCI, por un grupo de WhatsApp que dejaba de estar operativo por las noches”. Ambos abogados aprovecharon la ocasión para agradecer a la plataforma de trabajadores del Severo Ochoa el esfuerzo realizado para financiar el proyecto y pidieron a los presentes una “aportación voluntaria, si es posible” para poder costear los gastos que conlleva el recurso y el proceso en sí.

Por último, quisieron aclarar que esta denuncia no responde a movimientos políticos, ni ataca a ningún partido concreto. “Nosotros solo queremos proteger a los trabajadores sanitarios y procurar que no vuelva a ocurrir. Mejorar y cuidar la sanidad pública es imprescindible y nuestro único objetivo”.

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