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La polémica en torno a la construcción de viviendas sociales en régimen de alquiler por parte de la Empresa Municipal del Suelo de Leganés (EMSULE) prosigue.

El Grupo Municipal ULEG denuncia que la justicia ha paralizado la cesión de las parcelas para la construcción de dichas viviendas. La denuncia de ULEG se basa en la respuesta a una pregunta suya que les ha trasladado el concejal delegado de Obras e Infraestructuras en la que afirma que “en relación a las parcelas del PP5, no se ha recibido ninguna sentencia judicial y el procedimiento se encuentra suspendido en este momento por decisión judicial”.

Fuentes municipales, sin embargo, afirman a Soyde que este procedimiento estaba en el juzgado por las denuncias de los vecinos a esa promoción de viviendas destinadas al alquiler y que ha sido el propio Ayuntamiento, a través del EMSULE, el que ha decidido informar al juzgado de su intención de no construir en esas parcelas este tipo de viviendas.

Niegan, por tanto, que haya ninguna judicialización del asunto. Y afirman que se está estudiando la viabilidad de ese tipo de viviendas, así como otras opciones como pueden ser la venta libre o con algún tipo de protección. No solo en las parcelas del PP5 sino también en otras disponibles en el PP4.

La polémica surge a raíz de marzo del 2021 cuando se aprueba la cesión de tres parcelas para que se construyan viviendas públicas de alquiler en los barrios de Poza del Agua Solagua. Se habló incluso de que serían de pisos en torno a los 80 metros cuadrados con un precio aproximado entre los 550 y los 696 euros.

Los partidos de la oposición, como el propio ULEG y el Partido Popular arremetieron contra el ejecutivo local. Consideraban que los vecinos estaban “alarmados” por la posibilidad de que las viviendas sociales acabaran convirtiendo sus barrios en “narcobarrios”. Así lo manifestaba el portavoz popular Miguel Ángel Recuenco en un video en sus redes sociales que decía que “al alcalde se le ha ocurrido decir que aquí habrá viviendas de integración social y los vecinos se han preocupado porque no saben si su barrio va a ser un narcobarrio o que va a ser. Esta semana ha dicho que no, que van a ser viviendas sociales total que nos tiene a todos hechos un lío”.

Por su parte, ULEG, en un pleno en marzo del 2021, solicitó que se revocara el acuerdo por falta de una base rigurosa y transparente en el proyecto. Ahora, este Grupo Municipal afirma que la propia Justicia ha confirmado su postura “tumbando la chapuza del gobierno municipal”.

Desde ULEG consideran que este “varapalo judicial” y el desgaste electoral que supondría para el PSOE la ejecución de este polémico proyecto, ha hecho que se pretenda trasladar esta chapuza hacia el PP4”.

Para Unión por Leganés, la apuesta por una vivienda pública de alquiler no debe hacerse concentrando toda en un determinado barrio o zona e impedir la estigmatización de las personas en riesgo de exclusión. “Debemos generar un parque de vivienda en alquiler que ayude a los vecinos a acceder a un derecho básico, pero una vivienda verdaderamente integradora basada en proyectos claros y transparentes que cuente con el consenso de los vecinos y que no responda al electoralismo rancio de formaciones políticas”.