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El Partido Popular de Leganés ha comenzado una particular “guerra de los ‘mupis” contra el alcalde socialista de la ciudad, Santiago Llorente. El portavoz y candidato del PP a la alcaldía, Miguel Ángel Recuenco, explicó en rueda de Prensa que el Ayuntamiento está incurriendo en fraude de ley al publicar un pliego que tiene por objeto adjudicar durante 20 años más 5 años de prórroga los ‘mupis’ de la ciudad que son el mobiliario urbano de información pública.

El PP ha decidido interponer recursos ante el propio Ayuntamiento de Leganés como ante el Tribunal de Contratación Pública de la Comunidad de Madrid.

Para el dirigente popular “consideramos que el gobierno socialista y sus socios de Ciudadanos en la Junta de Gobierno han cometido fraude de ley puesto que pretenden vulnerar la Ley de Contratos del Sector Público”.

Desde las filas populares explican el porqué consideran que hay fraude de ley. Según detallan, el equipo de Gobierno quiere simular una cesión de dominio público cuando en realidad estamos ante un contrato de concesión de servicios que, como máximo, pueden extenderse a cinco años incluidas las prórrogas, tal y como recogen las directivas europeas y los tribunales de contratación de diferentes Comunidades Autónomas. Para el PP, estas maniobras son una transgresión de la Ley de Contratos del Sector Público 9/2017, así como de las directivas del Parlamento Europeo y del Consejo Europeo 2014/23/UE y 2014/24/UE respectivamente.

La treta está en que una cesión de dominio público puede extenderse en el tiempo prácticamente sin límite, porque se entiende que el que recibe esa cesión tiene que tener un tiempo razonable para amortizar el pago al Ayuntamiento ya que su explotación y beneficios son exclusivamente privados. Y en Leganés hay casos de esta cesión como ocurre con La Cubierta, con la Instalación Deportiva Butarque, con Mercacentro, lo que era el Cebadero, etc.

Sin embargo, un contrato de servicios, explican los representantes del PP, tienen un límite de 5 años y el adjudicatario del mismo tiene la obligación de prestar un servicio público. Los soportes publicitarios conocidos como ‘mupis’ exhiben publicidad de empresas, pero también campañas de información pública, con lo que en ningún caso pueden ser adjudicados como cesión de dominio público puesto que prevalece el interés público frente a los exclusivamente privados de explotación de un negocio.

En los recursos presentados, el PP pide la paralización del proceso de contratación, la nueva redacción de un pliego para que se ajuste a la ley, que se respeten los plazos de adjudicación a un máximo de 5 años y que se respeten los principios de eficiencia, igualdad, transparencia y pública concurrencia.

“Nuestro alcalde socialista tiene mucha prisa en adjudicar este contrato porque necesita los soportes publicitarios disponibles para maquillar su lamentable gestión con rimbombantes carteles. Y esas prisas le llevan a vender su alma política al diablo, a hipotecar el patrimonio municipal de nuestros hijos y a saltarse la ley si es preciso. El adjudicatario, que ya adelanto que va a ser el mismo que estaba, vela por sus intereses y se asegura 25 años de negocio porque puede hacer frente a esa cantidad y ellos no incumplen la ley, la incumple el alcalde y su Junta de Gobierno. ¿Pueden optar empresas locales o pymes a este contrato? No porque solo una gran empresa tiene 13 millones de euros”, ha explicado Recuenco en su rueda de Prensa.

El PSOE acusa al PP de mentir

La respuesta del PSOE no se ha hecho esperar y afirman que los populares mienten por lo que consideran “una autentica aberración jurídica”. Aseguran fuentes municipales que esta concesión ya ha pasado por la Asesoría Jurídica y que ha dado el visto bueno a todo el proceso. Además, acusan a los populares de “tratar de confundir con sus tretas a los vecinos y vecinas”.

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