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Las reformas educativas siempre conllevan una gran polémica. En este país, la sucesión de leyes educativas es casi tan habitual como el cambio de gobierno. En esta ocasión, con la llegada del partido socialista al gobierno central también se ha diseña una nueva ley educativa, a la que comúnmente se le conoce como Ley Celaá.

Esta reforma ha tenido un fuerte apoyo en el Congreso de los diputados. No obstante, se han sucumbido diferentes manifestaciones a lo largo y ancho del país. Desde el PP de Leganés ha reclamado la paralización de esta ley educativa ya que desde la formación consideran que “el texto suprime el derecho a la libertad de elección en la enseñanza, se acaba con el español como lengua vehicular y se condena a la desaparición a la educación especial, que atiende a alumnos con capacidades diferentes”.

El partido subraya que la futura aprobación de la citada ley, que aún se encuentra en su trámite parlamentario, vulnera la Constitución española, que en su artículo 27 consagra las libertades educativas, lo que permite a las familias escoger qué tipo de educación quieren para sus hijos y en qué centro de enseñanza desean que estudien.

“La “ley Celaá” es otra cesión del Gobierno de Pedro Sánchez a los separatistas y representa la imposición de un modelo caduco, anticuado y que repite los errores de la etapa de Zapatero, que condujo a España a tasas de abandono escolar temprano cercanas al 30 %. También acaba con la meritocracia y con la cultura del esfuerzo porque permite a los alumnos promocionar de curso con asignaturas suspendidas”, ha señalado Recuenco.

“España debe contar con una ley educativa que emane del consenso, que respete la Constitución, que defienda el derecho de los alumnos de todo el país a estudiar en castellano, moderna y que persiga el objetivo de alcanzar unos niveles de calidad y libertad propios de los sistemas más innovadores. Solo así se logrará transformar la enseñanza y equipararla a aquellos países con un destacado índice de excelencia”, ha apuntado el portavoz del PP.