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“Yo quiero pagar, claro que quiero, pero cobro 547€ y tengo dos hijos que tienen que comer. Ya nos acostábamos con hambre, comiendo solo con el menú que nos daba Servicios Sociales en la primera ola, y no lo voy a volver a hacer. Lo que tengo primero va para comida y luego para deudas y gastos”. Estas son algunas de las declaraciones que salían el pasado viernes 18 de febrero en una entrevista a Evelyn, inquilina de un alquiler asequible en una vivienda pública del EMSULE. En ella, se explicaba su precaria situación económica y laboral que la ha llevado a tener una serie de impagos durante la pandemia, cuando se le agravó aún más, y el intento de negociar con la empresa municipal una vía de pago adaptado a su situación.

Según denuncia la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) de Leganés, "EMSULE se ha negado por el momento a estas negociaciones justas y lógicas, y por ello Evelyn ya tiene fecha de vista judicial para el 17 de marzo y fecha de lanzamiento de desahucio para el 6 de junio".

EMSULE es la empresa municipal del suelo de Leganés, empresa pública gestionada por el Ayuntamiento y los concejales del pleno local, y (entre otras funciones) es propietaria y gestora del suelo municipal (al ser público siempre) y su uso. También es propietaria de muchas viviendas públicas, en las que participa en su construcción según los diferentes planes urbanísticos públicos, y que posteriormente pone en su mayoría a la venta (a precio de mercado) para recuperar lo invertido.

PAH Leganés concreta que, "en una menor proporción, casi irrisoria, dedica viviendas a alquiler asequibles o cercanos a precio de mercado, aunque no tiene métodos ni medios para revisar periódicamente (por ejemplo, anualmente) la situación socio-económica de las familias inquilinas" y de la vivienda. Esto afecta negativamente a las familias inquilinas más vulnerables, como la de Evelyn, sobre todo, cuando sufren grandes mermas en sus ingresos mensuales, como con la pandemia. En cambio, afecta muy positivamente a las familias inquilinas que mejoran considerablemente sus ingresos económicos y siguen ocupando una vivienda pública con un alquiler asequible (o social) cuando pueden optar sin ningún impedimento al mercado libre del alquiler.

"Además de esta omisión de responsabilidades", denuncia la PAH, que dificulta a las familias más necesitadas el acceso a la escasa vivienda pública en régimen de alquiler asequible o social en el municipio, "EMSULE continúa en su dinámica de no crear ningún parque de vivienda pública para emergencia habitacional, pues sigue dedicando la inmensa mayoría de sus nuevas promociones a la venta de vivienda pública", mientras las prometidas promociones de "los mal llamados alquileres sociales, pues son a renta de mercado libre (ni sociales ni asequibles)", parece que se quedan en el aire.

PAH Leganés recuerda que Leganés, según fuentes policiales, antes de la pandemia tenía una media de entre 3 y 4 desahucios diarios, por lo que no es exagerado decir que, tras el fin del Real Decreto de “medidas anti-desahucios”, el próximo 28 de febrero, "se prevé un tsunami de nuevos lanzamientos de todas las familias que ahora están acogidas a esa moratoria temporal", elevando considerablemente en el municipio esas cifras de desahucios diarios.

Es obvio, matizan, "que no se puede hacer responsable en su totalidad al Ayuntamiento de Leganés de esta emergencia habitacional", pero "es cómplice cuando sus políticas de vivienda siguen siendo las mismas que buscan convertir y mantener como un privilegio y una inversión el acceso a la vivienda", dejando de lado al resto de vecinos y vecinas que no se lo pueden permitir.

Y es que, indican, "ya no es solo que no se plantea el parque público de vivienda social por parte del Ayuntamiento, sino que no se plantean siquiera ni debatirlo", ya que en múltiples ocasiones desde esta plataforma "se les ha solicitado la creación de una mesa de Emergencia Habitacional", en la que participasen EMSULE, los partidos políticos del ayuntamiento, los movimientos sociales de calle e, incluso, ONGs que también tocan el problema y que disponen de viviendas (como Cáritas y Cruz Roja); "y nunca hemos obtenido respuesta".

La última vez que se reclamó fue el pasado lunes 14 de febrero, "cuando tuvimos una reunión con la Concejala de Servicios Sociales junto con la Asociación de Vecinos de Zarzaquemada, donde le expresamos estas propuestas y le hicimos entrega de la documentación del caso de Evelyn, buscando acelerar una pronta y positiva respuesta del ayuntamiento hacia la familia". "Se quedó en que la concejala o su secretaria nos darían respuesta el viernes de la misma semana, y en eso se quedó solamente, ya que aún no ha habido contacto alguno no con Evelyn ni con la plataforma", zanjan.