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El Pleno aprobó esta enmienda en la sesión del pasado 19 de agosto con cargo al superávit de 2020, un dinero que, según la Federación, se destinará a «asuntos del ladrillo y a la amortización anticipada de préstamos».

La Federación Local de Asociaciones de Vecinos (FLAV) ha presentado alegaciones a las dos últimas modificaciones presupuestarias aprobadas en Pleno por importe de 9,4 millones. Los vecinos exigen que parte de ese dinero se destine a Servicios Sociales, ayudas al alquiler social y contratación de profesores. En este punto, la entidad ha considerado que no tiene sentido «amortizar la deuda cuando es tan notable la necesidad de mejora de los servicios públicos» y cuando es tan «necesario atender otras prioridades más urgentes para la ciudadanía».

Por ello, en el marco de las alegaciones ha pedido destinar 3 millones a Servicios Sociales, «para la atención a familias e instituciones sin fines de lucro, y otros 2 a ayudas a la rehabilitación y eficiencia energética en los edificios residenciales. También ha reclamado destinar 1 millón a la creación de carriles bici por calzadas, «separados y protegidos», y otros 1,5 millones «a la adquisición de vivienda para alquiler social y crear un parque de vivienda social».

La entidad ha propuesto el empleo de 500.000 euros para la apertura y gestión del Albergue Municipal, 600.000 euros para un Programa de Defensa del Menor y 805.100 euros para la contratación de profesores y profesoras para los diferentes programas municipales de escuelas infantiles, la Escuela Municipal de Música, el Centro de Atención Integral a las Drogodependencias (CAID) y a educación de personas adultas.

En nota de prensa, el organismo expresa que "se da la paradoja de que pretendan amortizar préstamos para solicitar unos nuevos", y que "nos gustaría estar ante un gobierno local más sensible con los intereses de la ciudadanía".

La FLAV no es la única organización que ha protestado por la reforma y que ha demandado modificaciones, pues el partido independiente ULEG, también ha solicitado una mayor inversión de los presupuestos a Servicios Sociales en lugar de a la deuda pública.

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