Las medidas del Ayuntamiento de Madrid contra la contaminación -la activación de los protolos en la M30, la restricción al tráfico de Madrid Central y la colocación de semáforos en la A5- están siendo usadas por algunos partidos como arma electoral para intentar condicionar a los personas que res¡dimos en los municipios vecinos, obviando los perniciosos efectos demostrados de la contaminación en la salud y la necesidad de ir a otros modelos de movilidad, con un discurso simplista que ridiculiza las medidas para limitar los picos de contaminación.
Los gobiernos del PsoE de Móstoles y Fuenlabrada han actuado al respecto. Móstoles aprobó a finales del ocutubre pasado una moción instando a la Comunidad de Madrid a que cree una mesa de trabajo intermunicipal con presencia del Ayuntamiento de Madrid y los de los municipios del sur y el oeste, para desarrollar las medidas alternativas a implantar a la instalación de semáforos en la A-5 a la entrada a la capital. En Fuenlabrada, el pleno aprobó también a propuesta de Ciudadanos de que se pare este plan hasta que se coordine un plan de movilidad consensuado con el Estado y la Comunidad de Madrid. El PP de Alcorcón no se podía quedar atrás y su mediático alcalde, David Pérez, presentó y sacó adelante una proposición para que el Ayuntamiento de Madrid suspendiera, revisara y consensuara las medidas de restricción al tráfico anunciadas, apelando a una visión integral de la movilidad. Anteriormente, en octubre de 2016, interpuso una demanda ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), por entender que podría vulnerar el derecho a la libre circulación de los ciudadanos. La estrategia del PP de Madrid es presentar mociones en todos los ayuntamientos donde tiene representación, reprobando la política de movilidad de Manuela Carmena. Argumentan que la política de movilidad del Ayuntamiento madrileño perjudica gravemente los derechos de la ciudadanía, entorpece su vida diaria, restringe su libertad de movimiento e incide negativamente en la economía y el empleo. Incluso han llevado su escenificación del conflicto al Defensor del Pueblo.
El PP de Leganés presentó en el Pleno Ordinario del pasado noviembre una moción contraria a Madrid Central indicando su defensa de los vecinos de Leganés, que se verían afectados porque se les va a impedir el acceso al centro de la ciudad de Madrid, señalando la instalación de semáforos en la A-5 a la entrada de Madrid como una discriminación. El alcalde del PsoE de nuestro municipio, Santiago Llorente, reconoció en ese pleno que, aunque reconocía la legalidad de la medida, no estaba de acuerdo con la instalación de los semáforos. Este argumentario se ha extendido a la ULEG, cuyo líder ha explicado que estas medidas se encuentran dentro de una guerra ideológica contra el coche, por lo que de libertad significa, con la excusa del medio ambiente, rematando con que lo más contamina es la calefacción de las casas. Se culpabiliza al Ayuntamiento de Madrid de tomar medidas ineficaces sólo por estar ideológicamente en contra del coche, discrimanando a la ciudadanía, especialmente, del sur de Madrid de forma despótica y coartando la libertad individual. La respuesta es ridiculizar y descalificar. No hay nada más ideológico y sectario que no tener en cuenta las indicaciones de la Organización Mundial de la Salud, que en 2012 clasificó las emisiones de los motores diesel como cancerígenas para los seres humanos.
Frente a este ruido, podemos intentar analizar las medidas que se están llevando a cabo. Es básico indicar que los poderes públicos y los partidos políticos deben transmitir que por encima del derecho a usar el coche está el derecho a la salud de todas y de todos. Se trata de proteger la salud de la ciudadanía teniendo en cuenta que el 79% del NO2, uno de los contaminantes más perniciosos, es originado por el transporte, por lo que es necesario tomar medidas sobre la movilidad en la Comunidad de Madrid. El automóvil es el medio que más energía de tracción consume, cuatro veces más que el autobús para el mismo número de viajeros. Se sitúa así como principal foco emisor y principal responsable de la contaminación del aire en las ciudades. La mayor parte de la contaminación del aire de nuestras ciudades es originada por el tráfico. Existe un serio problema de superación de límites de contaminantes, particularmente NO2 y Ozono, que son muy perjudiciales para la salud y que tienen que ser solucionados con urgencia. Provocan enfermedades respiratorias, alergias y son factores de riesgo para las enfermedades cardíacas. Lo exige la Comisión Europea. Bruselas quiere medidas "urgentes, creíbles y eficaces" para reducir a contaminación atmosférica en los Estados miembros. Se han abierto procedimientos contra algunos países, cosa que no ha pasado con España, como recuerda el comisario de Medio Ambiente de la UE, Karmenu Vella, por las medidas adoptadas en los últimos meses, entre ellas Madrid Central.
En Europa, más de doscientas ciudades han delimitado zonas de emisiones bajas donde se restringe el acceso de los vehículos más contaminantes. Es el caso de Lisboa, Berlín y Estocolmo, donde han apreciado un descenso del 22% en la concentración de óxido de nitrógeno proveniente de los vehículos diesel en estas zonas. En Londres han optado por cobrar un peaje a los vehículos que quieren circular por el centro de la ciudad, lo que ha supuesto una reducción del 12% de la contaminación. Hay otras experiencias, como la de Atenas, donde se alterna la circulación de vehículos con número de matrícula par o impar, o Bruselas, donde solo se puede circular a un máximo de 50 kilómetros por hora durante episodios de contaminación. En episodios de alerta por contaminación el transporte público es gratuito en París. Las ciudades más pobladas de todo el mundo están trabajando para reducir la contaminación porque es una cuestión de salud.
Es necesario tomar medidas ya por parte de la Comunidad de Madrid, en concreto de las Consejerías de Medio Ambiente y de Transportes, en la lucha contra la contaminación y el cambio climático, trabajando en la aplicación de medidas estructurales y asignaciones presupuestarias concretas. La Consejería de Medio Ambiente ha revisado la estrategia autonómica de lucha contra la contaminación y el cambio climático, el denominado Plan Azul +, y ha elaborando un protocolo autonómico para episodios de alta contaminación similar al que ya tiene el Ayuntamiento de Madrid. Este protocolo ya ha demostrado sus carencias. El ejecutivo regional no ha activado nunca sus restricciones. Hace un año, Podemos las recibió con escepticismo, ya que buena parte de las medidas son "meras recomendaciones".
Además, cabe reseñar que la Comunidad tiene el mismo número de estaciones de medición que el Ayuntamiento para 12 veces su territorio. El protocolo que ha presentado de la Comunidad de Madrid no sirve para atajar, por ejemplo, los picos de dióxido de nitrógeno que se están registrando en el vecino pueblo de Getafe. El municipio sobrepasó el año pasado repetidamente los 200 microgramos de NO2, pero solo en una estación, la única que hay en la localidad. Para activarse, se requiere que estos picos se den en al menos dos estaciones de una zona, de las siete en las que divide la región.
La Comunidad de Madrid no sólo no ha avanzado planificando procedimientos serios, realistas y efectivos, sino que ha boicoteado las medidas del ayuntamiento de Madrid. No ha reforzado el servicio de Metro en plenos protocolos de anticontaminación ni con el arranque de Madrid Central. El Consorcio Regional de Transportes ha anunciado que tampoco se refuerza el servicio de Cercanías. Sin embargo, sí se ha puesto en marcha un dispositivo de refuerzo en 55 líneas de la EMT, dependiente del ayuntamiento, y 100 buses interurbanos.
La degradación del metro público ha llevado este años 2019 a tener incidencias técnicas casi a diario. En 2017, último año del que se tienen registros oficiales, Metro de Madrid realizó 6.251 intervenciones de mantenimiento preventivo de ciclo corto. Un tercio menos de las que llevó a cabo a lo largo de 2016, cuando el suburbano sumó 9.319 intervenciones de mantenimiento preventivo de ciclo corto. El deterioro del Metro de Madrid afecta tanto a su patrimonio, como a los trenes y a la propia red del suburbano. Según recogen los datos ofrecidos por el portal de transparencia de Metro de Madrid, la empresa pública encargada del suburbano invirtió en 2008 un 20% más en la red de metro que en 2017, último año del que se tienen cuentas anuales consolidadas.
El verano pasado Metrosur se vio afectado por obras en 16 estaciones y, aproximadamente, 20 kilómetros en las estaciones Universidad Rey Juan Carlos, Parque Oeste, Alcorcón Central, Parque Lisboa, Puerta del Sur, San Nicasio, Leganés Central, Hospital Severo Ochoa, Casa del Reloj, Julián Besteiro, El Carrascal, El Bercial, Los Espartales y El Casar. Las obras se han tendido que efectuar según el Ministerio de Fomento a través de un informe realizado por el CEDEX por fallos estructurales debidos a deficiencia en los materiales de construcción. El problema reside en una mala ejecución del material con el que se construyeron las plataformas, el hormigón presenta grietas, lo que indica que se empleó un material de menor resistencia al que hubiera sido necesario.
En 15 años los sucesivos gobiernos regionales del PP han tenido que cerrar tres veces la línea. La clausura de 2012 fue "de emergencia" y costó 7,7 millones de euros que la Comunidad de Madrid hizo pagar a las contratistas hasta que la justicia obligó a la administración a dar marcha atrás. En 2014 hubo que volver a hacer arreglos en algunas estaciones por valor de 10,4 millones de euros. Éstas últimas repaciones del verano de 2018 han tenido una inversión de 24 millones. El mismo partido que acusa de dogmatismo a las medidas contra la contaminación salpicó el Metrosur con conexiones con la Púnica, siendo investigadas las facturas y apuntes contables que David Marjaliza entregó a la justicia en los que se detalla el reparto de mordidas entre el exsecretario general del PP de Madrid, Francisco Granados y el empresario Javier López Madrid. Desde Podemos, el diputado Alberto Oliver ha explicado que Metrosur es una buena idea mal ejecutada.
Las infraestructuras llevadas a cabo en la Comunidad de Madrid desde el año 95 tienen un patrón común: poco rigor en el diseño, mala ejecución, modificados ilegales y sobrecostes escandalosos. Los sucesivos gobiernos regionales consideraron las ampliaciones como marketing electoral". Oliver preguntó en junio de 2015 al consejero de Transportes por la estación prometida y no ejecutada de en el largo tramo que separa las estaciones de San Nicasio y Puerta del Sur: Poza del Agua. "Los andenes están hechos, hace falta revestir la estación y hacer el acceso en la calle". El Consorcio Regional de Transportes este año ha desestimado "a priori" la conexión de Metrosur (L12) con la línea 11 de Metro mediante las estaciones de San Nicasio y La Fortuna, al entender que no hay suficiente demanda que justifique esta actuación y que existen garantías de movilidad para la población mediante rutas de autobús. Para rematarlo, el arreglo de las escaleras mecánicas de la estación de tren de Zarzaquemada, si finalmente se arreglan esta primavera, habrán tenido que esperar dos años.
Es necasario poner en valor los múltiples beneficios que tiene para la sociedad la inversión en transporte público. Las estrategias de movilidad eficientes mejoran tanto la salud como la movilidad de la mayoría de la población, al mover a más personas y redistribuir mejor el espacio urbano disponible. Incluso repercuten en una mayor productividad y eficiencia de la actividad económica, a la par que facilitan la supervivencia del pequeño comercio local.
Hay que tomar medidas en nuestro municipio. Ya en 2010, el informe de calidad del aire de 2010 en la Comunidad de Madrid de Ecologistas en Acción, concluía que Leganés superaba los límites legales de contaminación establecidos por la Unión Europea. Leganés registró una media anual de 44 microgramos por metro cúbico de dióxido de nitrógeno, igual que la ciudad de Madrid. En 2017 se vuelven a registrar niveles de contaminación prácticamente idénticos a los que se daban antes de la crisis. Los datos recabados por la Comunidad de Madrid revelan que Coslada, Getafe y Leganés volvieron a rebasar los límites de dióxido de nitrógeno (NO2) en el aire permitidos por la normativa europea con cifras muy similares a las de 2011. La situación obliga a tomar medidas y todas las políticas internacionales tendentes a la mejora de la calidad del aire coinciden en que es necesaria una clara disminución de las emisiones de contaminantes por tráfico para poder garantizar una mejora en la salud de la ciudadanía. Existe rango de mejora del transporte público de nuestro municipio en alianza con Madrid capital.