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En estas semanas se están celebrando los plenos de organización de los diferentes Ayuntamientos madrileños. Y entre las primeras decisiones que se toman están la periodicidad de dichos plenos, la delegación de funciones, el reparto de áreas de gestión… y los emolumentos que cobrarán los concejales de cada grupo.

En Leganés, la coalición Podemos-IU-AV ha propuesto una política retributiva austera para este mandato recién comenzado. Entienden que los políticos deben cobrar un sueldo para poder participar en la política institucional, pero que estos salarios deben ser menores de lo que venían siendo en otros mandatos y con menores diferencias entre los salarios más altos y los más bajos.

En concreto, proponen que los 12 concejales que forman parte del equipo de Gobierno, incluido el alcalde, así como los portavoces de los grupos de la oposición tengan un salario de 55.000 euros brutos anuales. Sería una rebaja de 5.000 euros anuales respecto a la anterior legislatura. Además, para los portavoces adjuntos y para los terceros concejales de cada grupo proponen un salario de 48.400 y 44.000 euros, frente a los 53.000 y 50.000 euros que se venían cobrando anteriormente. El resto de concejales cobrarían lo mismo, es decir, 16.000 euros en concepto de dietas.

Con respecto a los asesores, Podemos propone reducir de 10 a 4, dos para cada partido de gobierno, con el mismo salario que venían cobrando, 40.000 euros. El resto de asesores, secretarios de alto cargo, jefes de prensa o director general, proponen que se eliminen, dado que hay personal funcionario para realizar esas funciones, y si no, será necesario contratarlo.

Con respecto al personal eventual de apoyo a los grupos, proponen que cada grupo pueda elegir entre dos auxiliares de grupo (30.000 euros cada uno) o un coordinador de grupo (40.000 euros)

Con esta política de retribuciones, el consistorio ahorraría más de 3 millones de euros en esta legislatura y se avanzaría en la igualdad salarial, dado que se reducen de forma significativa las diferencias entre todos los representantes públicos, defienden desde la coalición de izquierdas.

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