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La Plataforma de Afectados por la Hipoteca de Leganés ha denunciado el desahucio de una familia numerosa formada por una madre (viuda) y sus cinco hijos, tres de ellos menores. Hasta este miércoles, eran inquilinos de uno de los pisos de la empresa pública del EMSULE, que gestiona el Ayuntamiento de Leganés, pero nada ni nadie ha podido parar el proceso que deja a la familia en un estado aún mayor de exclusión social.

La PAH Leganés, a través de un comunicado, ha condenado y mostrado su total repulsa a esta situación que califican como “una nueva injusticia social promocionada por el gobierno local”. Además, según recuerdan, no es la primera vez que se producen este tipo de acciones y de actitudes producto de la gestión y las políticas de vivienda pública del EMSULE. De igual modo, consideran que “siempre estaremos en contra de la especulación con la vivienda y más aún si se mercadea con vivienda pública municipal, cuando en nuestro pueblo hay un problema habitacional tan severo y que toca a tantas familias necesitadas”.

Resulta cuando menos paradójico, que se produzcan estas situaciones cuando desde el Gobierno de España se lleva meses promoviendo medidas anti desahucios que forman parte del denominado “escudo social” que el Ejecutivo puso en marcha para paliar los efectos de la crisis provocada por la pandemia y, ahora, como consecuencia de la invasión rusa a Ucrania que ha provocado que la inflación y los precios se disparen.

Por ello, la PAH Leganés denuncia que en “los Ayuntamientos donde gobiernan esos mismos partidos políticos se ejecuten desahucios de familias con menores y vulnerables de viviendas públicas, sin alternativa ninguna y con unos medios de engaño y miedo más que cuestionables”.

La Plataforma considera que, en este caso, en el que concurren condicionantes especiales, se han producido irregularidades ya que la familia afectada “no ha dispuesto de abogado ni durante el proceso judicial, ni frente al EMSULE, ni durante el desahucio, dejándoles en una situación de desprotección judicial que se suma a su ya de por sí precaria situación social. Tampoco estuvo durante el desahucio ningún representante de los Servicios Sociales de Leganés, aunque había 5 menores en claro riesgo social”.

La PAH reclama, por tanto, “la recuperación de la vivienda para la familia desahuciada, adaptándose el EMSULE a la situación social y económica de la familia y no recurriendo a engaños y miedo para desahuciarlos”.

Los partidos de la oposición de Leganés también han denunciado el hecho a través de sus redes sociales. Así, Unión por Leganés (ULEG) considera que “el bloque de la falsa izquierda de Leganés ha echado a la calle a una vecina de un inmueble del EMSULE cuando el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana amplió la suspensión de desahucios hasta el 30 de septiembre de 2022 para personas vulnerables”.