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Las afueras de la sede de la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo (EMVS) han visto desfilar a 30.000 aspirantes a acceder a viviendas de alquiler público ofertadas por el ayuntamiento. La demanda de estas viviendas se ha disparado desde que el consistorio rebajó los niveles de renta con el objetivo de que los colectivos más desfavorecidos también pudiesen optar a estas casas. Tienen entre uno y cuatro dormitorios, y cuestan entre 65 y 600 euros, dependiendo de los ingresos de cada adjudicatario. Están repartidas en distritos como Usera, Tetuán, Villaverde o Carabanchel.

Fin del 'sorteo puro'

El pasado 5 de enero entró en vigor el nuevo reglamento que marcará el procedimiento a seguir para obtener la tan ansiada adjudicación. A grandes rasgos, se ha pasado de un sistema de baremación, en donde se asignaban puntos según las condiciones del solicitante, a uno de cupos, en donde se coloca a cada aspirante en uno o varios grupos y entran en el sorteo de viviendas dirigidas a ellos. Estos grupos son 9: menores de 35 años, mayores de 65 (ambos suman el 20% de la oferta), familias monoparentales (5%), numerosas (5%), personas con discapacidad (4%), víctimas directas o indirectas de violencia de género (5%), personas vulnerables (18%), en extrema exclusión residencial (donde entrarían, por ejemplo, los refugiados) (3%) y grupo general (40%).