El Gobierno de José Luis Martínez Almeida ha suspendido la concesión de licencias para viviendas de uso turístico (VUT) en Madrid, además de endurecer las sanciones para aquellos que no cumplan la normativa, multas graduales que parten de los 30.000 hasta los 100.000. Así lo anunciaba el Ayuntamiento tras aprobarse este punto en la Junta de Gobierno.
En este sentido, Almeida expuso el nuevo plan de acción para equilibrar el mercado de hospedaje en la ciudad, que contempla diversas acciones, entre las que se encuentran:
Con este plan de acción, que se pone en marcha ya, y la batería de medidas que contempla, que se verán ampliadas con la Modificación del Plan General, el Gobierno municipal pretende incrementar la oferta de vivienda residencial en la zona centro, atrayendo nuevos vecinos; ordenar la oferta turística ofreciendo un turismo de calidad a los visitantes; mejorar la vida de los madrileños que se puedan ver afectados por las molestias que generan algunas VUT; y dotar de mayor seguridad a los turistas que opten por disfrutar de la ciudad en este tipo de alojamientos.
La aprobación inicial de la Modificación del Plan General se llevará a Junta de Gobierno el próximo mes de septiembre para someterla a información pública y se prevé elevarla a Pleno en el primer trimestre del año que viene. Hasta entonces, se “congelan” las licencias para VUT en dos tipos de usos dentro del ámbito territorial que contempla el Plan Especial de Hospedaje (anillos 1, 2 y 3):
Por otro lado, el Ayuntamiento de Madrid no dispone de una normativa sancionadora específica para las VUT. Hasta ahora, el procedimiento que se sigue en caso de detección de funcionamiento irregular de una VUT que no se puede legalizar es el que se rige por la Ley 39/2015 de Procedimiento Administrativo. Inicialmente, se ordena el cese de la actividad; si el propietario no acata la orden municipal y, posteriormente, se comprueba que continúa operando ilegalmente, se imponen multas coercitivas de 1.000, 2.000 y 3.000 euros (de los artículos 100 al 105).
A partir de ahora, cuando el Ayuntamiento de Madrid verifique que una vivienda se dedica a uso turístico sin contar con licencia para tal efecto, se actuará al amparo del artículo 204 de la Ley 9/2001, de 17 de julio, del Suelo de la Comunidad de Madrid (LSCM). La legislación autonómica tipifica como infracción grave la implantación de uso incompatible con la ordenación urbanística. Bajo esta normativa, el Ayuntamiento ejecutará el siguiente procedimiento:
Además, el consistorio ha anunciado el refuerzo en el número de inspectores y la creación de una web segura para los usuarios de VUT. La Subdirección General de Inspección y Disciplina cuenta con 65 trabajadores para toda la actividad inspectora. Este verano, el Ayuntamiento incrementará la plantilla en un 15 %, incorporando al servicio diez personas más.
Para ofrecer mayor seguridad y garantía a los visitantes que opten por alojarse en la ciudad en VUT, el Consistorio de Madrid va a publicar en su portal, previsiblemente en el mes de mayo, un listado oficial de las viviendas de estas características que cuentan con licencia municipal (941 a día de hoy) y su ubicación.
Sin embargo, parece que estas medidas no son suficientes. El Partido Socialista de la capital ha tildado estas actuaciones de ser un "parche". Reyes Maroto, portavoz del grupo, ha mostrado su decepción tras saber que, por lo que parece, el Ayuntamiento no va a cerrar las viviendas ilegales que ya están operando en la capital. "Si incumplen la ley lo que tienen que hacer es clausurarlas", mantiene la socialista, no aumentar las sanciones.
En cuanto al aumento del número de inspectores, Maroto considera que "las plataformas calculan que hay 25.500 viviendas turísticas ilegales. Anuncian que habrá 75 inspectores. Siendo generosos y pensando que se van a dedicar en exclusiva a detectar este tipo de irregularidades, cada uno tendría que inspeccionar 340 viviendas". Y es que, para la portavoz socialista, "Almeida se olvida de los vecinos y vecinas de nuevo".