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La guerra del Ayuntamiento de Madrid y el Ministerio de Consumo, tras los datos publicados por este último sobre las viviendas de uso turístico que operan de manera ilegal en la capital, sigue en pie y es que el alcalde, José Luis Martínez-Almeida, ha explicado que si el ministro, Pablo Bustinduy, quiere reunirse con él “haga los deberes porque hemos comprobado el listado de viviendas de uso turístico que nos ha mandado y es una chapuza”.

Para Almeida, las declaraciones de Bustinduy son para “tener 15 minutos de gloria a costa del Ayuntamiento de Madrid”, puesto que de las viviendas que “ha facilitado” al consistorio, el 40% de ellas (1.400) “están identificadas con la dirección” y han sido identificadas por el equipo de Gobierno con anterioridad. Continúa el edil de la capital diciendo que “el resto se ha limitado a copiar los enlaces que hay de Airbnb y la plataforma no pone la dirección por razones obvias”.

El regidor también ha puesto el foco en Barcelona que, al parecer, cuenta con 5.000 pisos turísticos ilegales más que Madrid, es decir, con 20.000 viviendas turísticas que operan de manera ilegal. “A Barcelona no le ha enviado nada, ninguna carta ni ningún listado o requerimiento”, argumenta Martínez-Almeida.

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