Hablar de la antigua fábrica de Clesa es hacerlo sobre la historia de la arquitectura española también. El número 67 de la avenida del Cardenal Herrera Oria alberga lo que queda de este icono en la edificación industrial proyectado por uno de los referentes de nuestro país durante el Siglo XX: el gallego Alejandro de la Sota.
A escasos metros del hospital Ramón y Cajal, en el distrito de Fuencarral-El Pardo, se encuentra ubicada en la llamada 'carretera de la Playa', donde se inauguró en el año 1962.
Su producción era, principal e inicialmente, botellas de cristal de 1L de leche pasteurizada de la sociedad Clesa, propiedad de una familia burgalesa dedicada al sector de los lácteos. Con el paso del tiempo, su oferta de productos aumentó con la elaboración de postres.
Sin embargo, a mediados de 2011 la fábrica cesó su actividad, provocando el deterioro en las instalaciones a causa de su abandono.
En el año 2014, una constructora compró los terrenos y solicitó la licencia para su derribo. Una decisión que no gustó entre diferentes administraciones y colectivos profesionales, que consiguieron revertirla desde el Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid (COAM) y la Fundación Alejandro de la Sota.
El Ayuntamiento de Madrid se hizo eco de las peticiones y en mayo de 2015 se aprobaba de manera inicial la modificación puntual del Plan General de Urbanismo para incluir esta joya arquitectónica en el Catálogo de Edificios Protegidos. Así, el nivel 3 de protección aseguraba preservar "tanto su volumetría como sus elementos más destacados".
Cabe destacar que la catalogación del edificio no supuso su completa protección, puesto que la propuesta municipal excluía un total de 3.807 metros por ser "elementos de menor o escaso valor arquitectónico"; centrando la atención en los volúmenes de las dos naves principales, las oficinas y los vestuarios.
La inmobiliaria propietaria convocó un concurso de ideas a través del COAM con el objetivo de rehabilitar el espacio de la nave principal. La condición era adaptar el complejo industrial a los nuevos usos que en aquel momento se planeaban y tramitaban desde el Consistorio: terciarios y residenciales.
El fin era impulsar el desarrollo económico y social del distrito, pero protegiendo el valor del inmueble. Una iniciativa que contó con una alta participación de profesionales , donde se acreditaron las posibilidades del edificio.
No obstante, y a pesar de que el documento contaba con el visto bueno de la Comisión Local de Patrimonio Histórico y sería enviado a pleno para su aprobación provisional tras el periodo de información pública correspondiente, no es hasta el año 2018 cuando en la web municipal se vuelve a dar cuenta sobre el edificio Clesa.
El Área de Desarrollo Urbano Sostenible dirigida por José Manuel Calvo durante el mandato encabezado por Manuela Carmena anunciaba que sería un equipamiento público, promoviendo un proyecto urbanístico que respondiese al "interés general".
De nuevo, otra modificación puntual del Plan General de Ordenación Urbana tras aceptar la propuesta planteada. Así, la parcela comenzaría a tener rentabilidad económica: viviendas y comercios al servicio del entorno industrial y del Hospital Ramón y Cajal.
A comienzos de 2019 el Consistorio actualizaba la situación con el inmueble y la modificación necesaria del PGOU para ser destinado a equipamiento público.
En esta renovada propuesta se apostaba por añadir la nave transversal situada al sur de las naves centrales, así como el módulo de Laboratorios situados al sur como elementos protegidos.
El 4 de abril de ese mismo año se aprobó la cesión al Ayuntamiento de Madrid como uso dotacional público, asegurando que la parcela de 37.938,70 metros cuadrados se convertiría en un espacio "que se vincule a la cultura".
Con el cambio de Gobierno y la llegada de Mariano Fuentes al Área de Desarrollo Urbano, el plan aprobado inicialmente se cambió por una propuesta de "revitalización" y "adaptada a la sociedad actual" que mejoraba la anterior en cuanto a reducir el "impacto negativo sobre el paisaje" y reducir el volumen de los inmuebles "sin perder edificabilidad".
Además de estos aspectos, desde el Gobierno municipal hablaban de más accesibilidad y mejores comunicaciones en el transporte público, una pasarela peatonal hacia el Hospital Ramón y Cajal; junto con más aparcamiento y, siguiendo la promesa del anterior mandato, "nuevas dotaciones culturales y empresariales".
Es un proyecto relevante, nuevo y, sobre todo, de impacto social importantísimo para la ciudad. Profundamente orgulloso del trabajo realizado por todos los técnicos y de lo que estamos planteando
En 2021 el Ayuntamiento presenta a los ganadores de 'Reinventing Cities' con un proyecto que convertirá el edificio en un "ecosistema de generación e intercambio de conocimientos dentro del campo de las Ciencias de la Vida".
De este modo, 'Val-Verde' pondrá el I+D+i en el centro en forma de vivero de empresas con 'coworking' incluido.
Por fin, y después de tantos años, parecía el momento definitivo para recuperar el valor de este espacio y devolverlo a la ciudad había llegado. Sin embargo, las cosas de palacio van (demasiado) despacio.
Tras aprobar el proyecto por un importe de 2,2 millones de euros y un plazo de ejecución de 12 meses en septiembre de 2021, ha habido que esperar hasta 2022 para ver 'luz verde definitiva' desde el Consistorio a Fuencarral Agrupanorte, S.L.
"Lo que no se usa se destruye" afirmaba el delegado de Desarrollo Urbano el 6 de abril de 2022 en la presentación de 'Val-Verde'. La vicealcaldesa, Begoña Villacís, apuntaba a las palabras de Mariano Fuentes cómo este proyecto "llenará de vida, de investigación, de innovación y de cultura" el edificio.
Desde ese momento, y tras conocer que la inversión asciende hasta los 30 millones de euros en unos trabajos que, supuestamente, iban a comenzar en 2023; no se han vuelto a recibir noticias por parte del Consistorio.
En el último pleno, los grupos municipales han preguntado por ello al delegado, el cual ha afirmado que "mediante decreto del 30 de diciembre de 2022, se ha concedido de forma demanial a título oneroso sobre la parcela la concesión al ganador del concurso de Reinventing Cities'.
Tras los reproches de Más Madrid, Fuentes apunta el "empeño" de la formación en "seguir mintiendo a todos los madrileños" en cuanto a la protección de la antigua fábrica. Reitera que las medidas acordadas fueron sacadas adelante con el voto positivo de MM y "parece que ahora se le olvida".
Además, menciona todos los beneficios y oportunidades que va a ofrecer "nuevos espacios culturales para los vecinos", así como la "atracción de talento relacionado con la medicina y la salud", además de "generar en todo el entorno nueva actividad económica".
En SoydeMadrid mantuvimos una entrevista con la FRAVM, uno de los colectivos pertenecientes a la Plataforma Gato por Liebre, la cual se opone a la iniciativa y trata de declarar el espacio como Bien de Interés Cultural en aras de "protegerlo".
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Una de sus principales reivindicaciones es, precisamente, el valor arquitectónico del edificio y el "fracaso" que supondría para la ciudad la regeneración planteada. Un deseo que pidieron a la Dirección General de Patrimonio Cultural (DGPC) de la Comunidad de Madrid, pero ha sido rechazado.
Tras la decisión de la DGPC, han interpuesto un Recurso de Alzada ante la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte contra la resolución. Confían en que la CAM "reconsidere" sus peticiones y ordene la incoacción solicitada "para evitar la pérdida arquitectónica y memorial irrecuperable" de la antigua fábrica.
También hablamos con la Dirección General de Patrimonio Cultural. Nos trasladan la diferencia entre los diferentes tipos de protecciones con los que puede contar un inmueble y nos confirman el rechazo a su declaración como BIC.
Hacen alusión al informe técnico de los funcionarios regionales basado en visitas a la fábrica, un estudio en profundidad de los antecedentes y fotografías históricas; además de una tesis específica del edificio para cerciorar su estado de conservación.
Sentencian que la actual protección concedida es "suficiente" y recuerdan cómo el proyecto cuenta con todos los informes favorables necesarios, tanto en el Ayuntamiento como en la Comunidad de Madrid y sus respectivas administraciones.
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