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La Comunidad de Madrid iniciará los trámites correspondientes para modificar el decreto de regulación que afecta a las viviendas de uso turístico. Este tipo de inmuebles ha aumentado en los últimos años en la región, duplicándose desde el año 2015, y llegando casi a las 17.000 viviendas. El decreto de regulación fue aprobado durante el pasado 2014, pero fue anulado por los tribunales, provocando un aumento desproporcionado de los precios en los alquileres y la gentrificación en muchos barrios de la capital. “Teníamos la necesidad de adecuar la normativa a los pronunciamientos y sentencias judiciales, y cubrir así un vacío legal”, ha explicado la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes

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Novedades en el decreto

Entre los principales cambios, destaca la creación de un certificado de Idoneidad para Vivienda de Uso Turístico (CIVUT), cuya finalidad es la de garantizar al usuario que la vivienda en la que va a alojarse cumple con ciertos parámetros, como seguridad, agua, ventilación y energía. Además, la propuesta de decreto introduce la posibilidad de que las comunidades de vecinos prohíban la implantación de este tipo de viviendas turísticas en sus edificios. Del mismo modo, podrán realizar sanciones si se incumplen unas normas básicas de convivencia. Este carácter sancionador se presenta como una de las medidas más ambiciosas del Cifuentes pone en jaque a las viviendas turísticas decreto, puesto que la legislación europea es bastante permisiva con empresas de alquiler como Airbnb, a las que ahora el Gobierno regional quiere considerar como empresas turísticas.

Garantizar un buen uso

Del mismo modo, también se contempla eliminar el requisito de contratación de estas viviendas por tiempos inferiores a los cinco días, atendiendo al requerimiento del TSJ, y haciendo desaparecer el concepto de “habitualidad” y el plazo mínimo de tres meses que se exigía para el ejercicio de este alquiler turístico. Cifuentes ha querido aclarar que la proliferación de viviendas de uso turístico no es percibida por los madrileños como un problema, ya que la situación que tenemos en Madrid poco tiene que ver con lo que ocurre en ciudades costeras”. “No queremos prohibirlas, sino que haya unas garantías de utilización”, ha matizado la presidenta, alejándose de la postura que mantiene actualmente el Ayuntamiento de Madrid.

Madrid ha incrementado sus viviendas turísticas en los últimos años hasta situarse en los 17.000 inmuebles