Tras varios meses de idas y venidas, la Comisión de Investigación por el presunto espionaje a la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, ha concluido con la aprobación de uno de los dictámenes presentados, con el apoyo de Más Madrid, PSOE y Cs. El Grupo Mixto se ha abstenido y el PP y Vox han votado en contra.
En el documento de 16 páginas se recoge cómo se pusieron "obstáculos para conocer la verdad", una acusación que señala de manera indirecta al alcalde; que el presidente de la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo (EMVS) incumplió el código ético de la empresa y, finalmente, que el delegado de Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante, se extralimitó de sus funciones.
En el texto, aprobado por mayoría, se recoge que, además de que la Comisión "tenía causa más que suficiente para su creación, al existir dudas razonables sobre si había habido un uso indebido de medios públicos para espiar a familiares de Ayuso o bien un intento", también se recoge lo siguiente:
"A pesar de que públicamente el alcalde, José Luis Martínez-Almeida, garantizó que todas las personas del PP que fueran llamadas a la comisión de investigación acudirían, esta afirmación clara y manifiesta no se corresponde con la realidad y con lo que ha sucedido pues no han asistido ni siquiera altos cargos y eventuales de su Gobierno, como se deduce del difícilmente explicable expediente de dimisión de Ángel Carromero"
En esta última sesión de la comisión también se han presentado otros dos documentos, del Grupo Mixto y PP que, finalmente, que no han conseguido ser aprobados. No obstante, ambas formaciones han declarado que los defenderán en el Pleno de junio.
Álvaro González, que ostenta este cargo, comenzó una investigación "no siendo competente para ello", ya que esta herramienta se encuentra "reservada en exclusiva al Comité de Ética a través del canal de denuncias, donde debería haberse personado él mismo como denunciante".
Otro de los puntos clave es que el presidente "no informó más que al alcalde, al delegado de Movilidad y Medio Ambiente, y al Consejero Delegado de la EMVS, sin dar cuenta como debería al consejo de administración".
Se han puesto muchos obstáculos para conocer la verdad
Por ello, el informe sentencia que "es imposible realizar esta contratación sin que figure en la contabilidad de la empresa y, por tanto, no se ha producido y es que la contratación por parte de la EMVS de unos detectives era una distracción".
Por otro lado, se ha concluido que el Delegado y concejal "se extralimitó en sus funciones y competencias acompañando al delegado de Vivienda a la reunión en la sede de la EMVS, dependiente del Área Delegada de Desarrollo Urbano".
"Además de interrogar a un empleado de esta empresa pública, su jefe de prensa, en relación con los hechos preguntó y fue informado de los estados contables y administrativos en relación con la posible contratación de detectives para fines completamente ajenos a los de la EMVS".
El dictamen habla de que ninguno de los denunciantes del intento de espionaje, Julio Gutiez y Ayuso, además de David Fernández y Ángel Carromero, "han compadecido en la comisión". Por esta razón, y a pesar del compromiso de Almeida de que todo miembro del PP comparecería, "queda pendiente".
Al no haber podido conocerse "quién informó al alcalde", lo que supuso "el indicio que le llevó a solicitar al presidente de la EMVS (...) a realizar una investigación que extralimitaba sus competencias y funciones, ocultada tanto al Consejo de Administración de la EMVS, como a su socio de gobierno, el Grupo Municipal Ciudadanos".
Por ello, y a modo de conclusión, tanto Más Madrid como PSOE y Ciudadanos sentencian que "se han puesto muchos obstáculos para conocer la verdad".
Las tres formaciones se han pronunciado tras este 'resultado'. Más Madrid, por su parte, ha publicado en un hilo en su cuenta de Twitter donde actualizaban información sobre la Comisión que "Almeida es el PP de siempre".
PSOE, por su parte, también ha extraído una conclusión que tiene que ver con el alcalde: "Almeida cada día está más solo". Ciudadanos, habla de que si bien no se usaron recursos públicos, "hubo mala praxis y hechos sin contrastar".
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