“El PP ha convertido a Madrid en una sucursal de Gran Hermano con más de 460 cámaras”. Así ha denunciado el portavoz de VOX en la Comisión de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, Ignacio Ansaldo, las restricciones a los vehículos que, desde el 1 de julio de 2024, se han visto “diariamente” afectados por el Madrid 360.
“Madrid, al ser la capital de España, es probable que cuente con los mejores servicios sanitarios, educativos, comerciales, de ocio y de patrimonio turístico del país”, ha afirmado Ansaldo. Sin embargo, el equipo de Gobierno de Almeida “les ha robado el acceso –a dichos servicios– a los españoles que viven en los municipios de los alrededores” después de “la implantación de la Agenda 2030 de manera radical”, ha lamentado.
Además, el concejal de VOX ha recordado que, a partir del 1 de enero de 2025, dicha medida “no sólo perjudicará a las personas de los alrededores, sino también a los propios madrileños que tengan un vehículo en nuestra ciudad”. Y ha denunciado: “A lo mejor, la razón real –de las restricciones de Madrid 360– es que han visto –los populares–una forma de financiación brutal que les ha sido dada gratis”.
En esta línea, Ansaldo ha explicado que el Partido Popular "ahora multará a unos 1.400 coches sin etiqueta al día y, multiplicado por 200 euros, bueno –ha ironizado–, vamos a acogernos al truco de pronto pago de 100 euros, son 140.000 euros diarios”. Se trata, ha criticado, de “un negocio que ha costado casi 6 millones de euros, pagado por Europa, y que va a dejar en las arcas del Ayuntamiento de Madrid más de 51 millones de euros al año”.
Por todo ello, “desde VOX seguiremos defendiendo la libertad de circulación”, ha sentenciado tras señalar que los madrileños “no han respaldado estas políticas en las urnas porque no estaban vigentes”.
Desde el Gobierno del PP han respondido a las declaraciones de Ansaldo recordando que la zona de bajas emisiones responde a un mandato legal. Borja Carabante, delegado de Urbanismo, también ha defendido las bondades de esta normativa, "se ha demostrado que las ZBE, cuando se ponen de manera progresiva, cuando se adaptan y hay alternativas de movilidad para los ciudadanos -con el impulso del transporte público- y, sobre todo, se acompaña a las familias y a las empresas en la transición energética a través de las subvenciones, es un instrumento eficaz no para restringir el tráfico sino para fomentar la movilidad sostenible".
Así mismo, Carabante ha negado que sea una máquina para multar, es más, asegura que del año 2022 al 2023 se redujeron las sanciones. "En todo caso", continúa el delegado, "que se multe con 200 euros en la ciudad de Madrid en el acceso a la zona de bajas emisiones no es un caso aislado, sino que está regulado en la Ley de Seguridad Vial, y yo pregunto, ¿me puede decir usted si su portavoz, que es diputado en el Congreso o algún diputado de VOX presentó alguna enmienda a esa ley para reducir esas sanciones? Porque lo podrían haber hecho".