El proyecto municipal de atención a personas en situación de calle y grave exclusión social ‘Madrid, hogares para la autonomía’ continuará operativo hasta el año 2026. La Junta de Gobierno ha autorizado hoy la prórroga del contrato, que implica una inversión de 3,15 millones de euros, con el objetivo de seguir garantizando una vivienda estable a este colectivo y que los usuarios puedan iniciar un proceso de acompañamiento e intervención social individualizada que reduzca el daño y facilite la recuperación de una vida autónoma, según ha informado la vicealcaldesa y portavoz municipal, Inma Sanz.
Este programa aplica la metodología Housing First, evidenciando el compromiso del Ayuntamiento con la implantación de una de las tendencias más innovadoras en la atención al sinhogarismo en Europa. Además, la pone en práctica en un servicio con preponderancia de vivienda pública, pues la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo (EMVS Madrid) aporta a la entidad adjudicataria 65 de las 100 viviendas en las que se desarrolla la iniciativa.
Las 35 restantes corresponden al mercado privado. En todas ellas, reside un único inquilino para asegurar una actuación socioeducativa que se adapte a las necesidades y tiempos de cada beneficiario. No obstante, sí se contempla la convivencia de dos personas en el caso de parejas o de demostrar un grado de amistad y apoyo positivo mutuo.
Los beneficiarios residen en 100 viviendas individuales, 65 de ellas aportadas por la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo de Madrid (EMVS Madrid)
Normalizar el acceso a los recursos comunitarios
‘Madrid, hogares para la autonomía’ se configura como una intervención orientada a que los usuarios alcancen una independencia e inclusión que les permita mantenerse en la misma vivienda o acceder a otro recurso de alojamiento estable sin más respaldo que los sistemas de protección normalizados. Para ello, se enfatiza en crear y afianzar su relación con los profesionales de los centros de referencia de tipo social y sanitario. Con esta finalidad, se prevé un abordaje comunitario de la situación con profesionales centrados en la intervención social que contribuyan a superar la exclusión y autoexclusión derivada del posible rechazo social sufrido. La atención se complementa, además, con la prestación de asesoramiento legal mediante un servicio jurídico.
El contrato recoge también la realización de cuatro sesiones de formación de, al menos, 20 horas de duración cada una de ellas, destinadas al personal. Los contenidos versarán sobre la prevención de riesgos psicosociales, el tratamiento de situaciones de emergencias sociosanitarias relacionadas con las personas sin hogar o las problemáticas añadidas en los fenómenos de exclusión social. Asimismo, el contrato contempla dos jornadas de visibilización, sensibilización e información del programa dirigidas a los beneficiarios, que participarán de forma activa en su organización y desarrollo.
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