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El decreto para la paralización de los desahucios lleva en marcha meses con el fin de acabar con las desigualdades y verificar el derecho a una vivienda digna a todos por igual. Sin embargo, está sufriendo diferentes baches que suponen algunas modificaciones “técnicas” a fin de poder concretarse exento de demandas o posibles errores.

El objetivo del proyecto es garantizar la protección de aquellas familias que se encuentran en situación de vulnerabilidad sin alternativa habitacional, aportando así un techo a quienes lo necesiten. El decreto incorpora la obligación por parte de las comunidades autónomas a facilitar el realojo; una vez estas acepten, se realizarán los lanzamientos, posteriormente a un informe de los servicios sociales donde se muestre la situación de la familia.

El borrador había sido aceptado tras diferentes negociaciones con la vicepresidenta y el ministerio de transportes, siendo así el ministerio de Asuntos Económicos el principal obstáculo para su puesta en marcha. Este, alega la falta de “seguridad jurídica” y añade una posible demanda por daño patrimonial si el decreto no plantea cambios en su estructura interna.

Además, el hecho de que el texto del preacuerdo incluyese también a familiares en situaciones “precarias” residiendo de forma irregular en viviendas de grandes tenedores, es otro de los grandes impedimentos; uno de los principales motivos por los que se retrasa la aprobación del decreto y no garantiza su presentación en el consejo de ministros es, la clara diferencia entre los socios de la coalición y la figura de los grandes tenedores.

De esta forma, el gobierno ha retrasado la aprobación del decreto hasta que la modificación se realice y pueda evitarse cualquier problema o juicio contrario. Por lo tanto, este plan, ambicioso y dirigido a la protección de las familias con la total intención de conseguir extinguir la desigualdad social y económica entre vecinos, tendrá que esperar.