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“Los vecinos y vecinas de la Cañada Real se han visto convertidos en vecinos de segunda, en vecinos sin derecho”, asegura la concejal de Más Madrid, Pilar Sánchez, durante su intervención en la Comisión de Políticas Sociales, Familia e Igualdad del Ayuntamiento de Madrid. Una situación que se ha visto incentivada por “la falta de electricidad” o, al parecer, eso es lo que aclara “una resolución del Comité Europeo de Derechos Sociales desde septiembre de 2020”, añade Sánchez.

La concejal de Más Madrid ha puesto el foco en que desde octubre de 2020 en esta zona “se han vulnerado, al menos, 10 de los derechos reconocidos en la carta social europea: derecho a la vivienda, a la salud, a la educación, a la participación, a la seguridad alimentaria…”.

Desde el equipo de Gobierno, la directora general de Inclusión Social y Cooperación al desarrollo, Laura Castaños , ha afirmado que las medidas que se adopten en el Comité Europeo de Derechos Sociales “no se van a hacer de manera aislada por parte del Ayuntamiento de Madrid por tres motivos fundamentales”.

El primero de ellos es que la decisión de este comité interpela al reino de España “frente al que se interpone la reclamación. Por tanto, afecta a todos los niveles territoriales del Estado”. El segundo motivo, es “que la problemática de la Cañada Real excede, con mucho, de las competencias municipales de manera aislada”. El tercer motivo es que “en el ámbito de la Cañada Real todas las decisiones se toman bajo el principio de lealtad institucional y bajo los principios de coordinación y colaboración en la ejecución de las medidas que se toman”.