La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, anunció el pasado lunes 23 de noviembre la incorporación de un médico del SUMMA 112 al helicóptero del GERA, el Grupo Especial de Rescate en Altura de los Bomberos de la Comunidad de Madrid.
El Sindicato de Bomberos federado en CSIT UNIÓN PROFESIONAL (mayoritario en la Comunidad de Madrid) y la Asociación Profesional “Movimiento de Bomberos” (MOBOM) han solicitado al Consejero de Justicia y al Consejero de Sanidad información ante este anuncio.
Exigimos a la Administración autonómica formalidad y coordinación en los cometidos llevados a cabo entre instituciones
Estas organizaciones han indicado por nota de prensa que: "en ningún momento, se ha informado a los profesionales de los Servicios de Emergencias implicados, tanto del Cuerpo de Bomberos, como del SUMMA 112, originándose, además, un profundo malestar entre los trabajadores de la Consejería de Sanidad, ante las decisiones adoptadas".
Como subrayan, "Esto hace dudar de que el proyecto anunciado disponga del soporte jurídico y técnico necesario para poder llevarse a cabo. Recordamos que, hace apenas unos meses, se realizó un primer intento de medicalizar el GERA, recurriendo a Cruz Roja mediante anuncio publicado en InfoJobs (bolsa de empleo privada online) para la contratación de médicos".
"El proyecto de “sanitarización” del GERA (en este caso, con un médico) es algo en lo que se lleva trabajando desde hace años, debido a la importancia de la labor de rescate y atención médica integradas, han comentado.
Así pues, han expresado que "los ciudadanos se merecen un mínimo de seriedad, por lo que no entendemos que se haya hecho tal anuncio sin la presentación de un informe técnico, a las partes implicadas, que lo respalde, conteniendo, al menos, la memoria económica, el establecimiento de las bases de formación a recibir los sectores implicados (bomberos y médicos), protocolos sanitarios que se van a implantar y el proceso de selección de los profesionales sanitarios, entre otros asuntos. En definitiva, un plan mínimo que garantice que este proyecto se va a llevar hacia delante y no quede en un “mero anuncio de tintes políticos” de la Agencia de Seguridad y Emergencias Madrid 112 (ASEM112), imposible de cumplir en un futuro".
Aseguran que "La forma en la que se ha hecho público el anuncio, así como el ocultismo mantenido al respecto, abren la puerta hacia la duda de que la Presidenta no haya sido informada por su equipo asesor de las posibles dificultades legales que rigen en la Comunidad de Madrid sobre competencias sanitarias, reflejadas en la Ley 12/2001, de 21 de diciembre de Ordenación Sanitaria de la Comunidad de Madrid (LOSCAM)".
De la misma manera, defienden "fervientemente las competencias e intereses del Cuerpo de Bomberos, exigimos a la Administración autonómica formalidad y coordinación en los cometidos llevados a cabo entre instituciones, que garantice el respaldo legal y técnico para el SUMMA 112 y el colectivo de Bomberos".
Mientras la Presidenta de la Comunidad de Madrid afirma con rotundidad que se podría contar con un médico del SUMMA, el Jefe del Cuerpo de Bomberos, Agustín de la Herrán, hacía referencia a que “preferiblemente” será un médico del SUMMA. No se ha de olvidar la importante problemática, aún pendiente de resolver, en Bomberos, en relación a las competencias en rescate de montaña con la Guardia Civil, con un acuerdo todavía sin cerrar. Existen matices que pueden ser muy importantes con posterioridad, por lo que reiteramos nuestro temor de que la información aportada al equipo de Gobierno sea diferente a los planes que se tenga por parte de ASEM112.
Esta política de “hechos consumados”, sin contar con los trabajadores, ni con sus representantes, viene siendo una constante en la Dirección General de Emergencias, organismo del que depende el Cuerpo de Bomberos de la Comunidad de Madrid. Desde CSIT UNIÓN PROFESIONAL esperamos que, con la máxima celeridad posible, se entregue toda la documentación concerniente solicitada. Es fundamental que se asegure el respaldo jurídico de los trabajadores durante la intervención, teniendo en cuenta la legislación propia de la Comunidad de Madrid, que nos diferencia del resto de autonomías.