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La proliferación de los pisos turísticos es un asunto que ya hemos tratado en SoyDeMadrid. La preocupación por las consecuencias que esto supone en el acceso a la vivienda es creciente, sobre todo, si se tiene en cuenta el contexto que atravesamos.
Desde el Grupo Municipal de Más Madrid han denunciado frente al Defensor del Pueblo la actitud de "brazos caídos" por parte del Ayuntamiento, acusando al alcalde de "dejación de funciones" en cuanto a la inspección y disciplina urbanística respecto a las viviendas de uso turístico (VUT).
La formación encabezada por Rita Maestre se hace valer del informe de gestión de la Agencia de Actividades de 2022 para afirmar que el número de expedientes de disciplina ha disminuido de manera "brutal", al igual que lo habrían hecho las órdenes de cese de actividad.
En palabras de Eduardo Rubiño, portavoz municipal de la campaña, es un documento "demoledor" que estaría reflejando de manera fiel la "patética gestión de Almeida ante uno de los principales problemas de la ciudad".
Además, señalan el "incumplimiento" en materia de vivienda con respecto a los Acuerdos de la Villa firmados en 2020.
Trasladado a cifras, entre enero y diciembre de 2022, se iniciaron 256 expedientes de restablecimiento de la legalidad urbanística vinculados con las VUT, "frente a 968 del año 2021". En cuanto a las órdenes de cese, pasan de 557 en 2021 a 150 en 2022.
Más Madrid reprocha el fin del programa de inspección y el Plan de Empleo temporal por el cual se habría "acabado" con el empleo de 10 arquitectos, 4 jurídicos y 8 auxiliares administrativos dedicados a estas cuestiones. Afean que la 'reposición' de empleados haya supuesto una disminución de 22 a 11 profesionales.
Almeida ha incumplido los Acuerdos de la Villa firmados en 2020 en los que se comprometió a afrontar los problemas con estas viviendas, porque no ha hecho nada, no se ha avanzado nada
Desde el Consistorio lo primero que nos trasladan a nuestra redacción es que la información ofrecida por Más Madrid "no se ajusta a la realidad". Apuntan las explicaciones ofrecidas por la Agencia de Actividades en el Consejo Rector, donde la propia formación es partícipe.
Afirman que "no se ha eliminado ningún inspector". Lo que sí que corroboran es el fin de un programa temporal, que señalan cómo desde el principio contaba con esta denominación.
Así, se habría "reestructurado" el equipo para crear un nuevo servicio de inspección "unificado" y con personal especializado.
"Las inspecciones son mucho más afinadas ahora", sentencian. El personal, actualmente, consta de 10 funcionarios fijos, "en vez de 22 contratados temporales que no podían asumir la mayoría de las funciones asociadas a la tramitación de las órdenes de cese".
El "éxito" en las campañas de inspección "no se mide por el número de casas que se inspeccionan ni de expedientes que se inician", sino por "el número de pisos turísticos ilegales que se detectan y restablecen la legalidad".
En este aspecto, los ratios del Consistorio en el 2022 son "mucho mejores". El porcentaje de restablecimiento de legalidad frente a las VUT asciende al 226, 92% en 2022 frente al 138,7% del 2021. En 2018, se cifraba en un 29%.
Resuelven cómo el equipo de Gobierno es eln "primero" que habría comenzado a imponer multas coercitivas a los pisos que incumplen de manera reiterada las órdenes de cese. Una medida que estaría teniendo un efecto disuasorio "importante" en cuanto al cese de su actividad.
"Es decir, se ha hecho mucho más en materia de disciplina que en toda la legislatura pasada", concluyen.
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