El medio de comunicación eldiario.es publicaba ayer a última hora esta información. Se trata de la investigación por parte de la Fiscalía Anticorrupción de las ya famosas comisiones millonarias que se habrían obtenido por la intermediación en la compra de material sanitario por parte del Ayuntamiento de Madrid en plena pandemia, en marzo de 2020, cuando la situación se tornaba altamente complicada.
El hecho recae en que, presuntamente, dos empresarios, Luis Medina Abascal, hijo de Naty Abascal y el duque de Feria, que se habría beneficiado con un millón de euros y un amigo suyo, Alberto Luceño Cerón, lograron ganar cinco millones en una misma operación, tal y como han revelado al medio citado fuentes próximas a la investigación. Lo que la unidad especializada se encuentra investigando actualmente son los indicios de la presunta falsedad documental, delito fiscal y blanqueo de capitales en la actuación de ambos. Ninguno de los dos contaba con experiencia en el mercado de productos sanitarios.
El modus operandi fue el siguiente: poco después de estallar la pandemia, el hijo de Naty Abascal y el duque de Feria se habría puesto en contacto de forma telefónica en 3 o 4 ocasiones con el área del Ayuntamiento que se encargaba de la compras compras. Así, les habló de un empresario amigo suyo que se dedicaba a importar material textil de Asia. Estos hechos fueron narrados a principios de 2021 ante el fiscal. Luis Medina Abascal no solo consiguió 'enchufar a su colega', sino que también se habría embolsado 1 millón de euros de dinero público.
Alberto Luceño Cerón fue puesto en contacto con el coordinador en la compra de material del equipo de Almeida y las llamadas fueron tramitadas mediante la empresa pública funeraria de Madrid, que fue elegida para sellar los contratos porque contaba con la potestad de adelantar dinero público para garantizarse los contratos- eldiario.es
Anticorrupción cuenta con amplía documentación donde figura que la propuesta de la incorporación de Alberto y de sus servicios se ratificaron en el Consejo de Administración de la funeraria municipal. El motivo por el que se llevó a cabo el procedimiento por esta vías porque la funeraria (que selló los contratos) tiene la potestad, a diferencia del Ayuntamiento, de adelantar dinero público para garantizar su ejecución. Entre las acciones investigadas se encuentra la compra de mascarillas FFRP2 y KN95 por valor de 6,2 millones, un segundo lote de 4,6 millones de guantes de nitrilo y, finalmente, uno de 3,9 millones para test de antígenos. El primero y el tercer contrato son los que centran las miradas de los investigadores.
Cabe destacar que el contexto en aquel momento era de 'Sálvese quien pueda' ante la situación pandémica y la escasez de material sanitario que, además, sirvió para que los grupos municipales diesen el visto bueno a todo lo propuesto y que los contratos no se pudiesen fiscalizar. Se tratarían de 72 contratos realizados por medio de esta vía que ascienden la cantidad total a 42, 1 millones de euros, apuntan desde el Tribunal de Cuentas.
Tras los contratos se sucedieron acontecimientos que hicieron rescindir la relación con Luceño Cerón: "Los guantes entregados eran de una calidad muy inferior a lo acordado y el intermediario dejó de contestar el teléfono", recogen en eldiario.es. Así, el cargo de confianza de Almeida en el Ayuntamiento le 'dio el toque' a Luis Medina Abascal para que avisase a su amigo de que le estaban buscando. Así, finalmente, el Ayuntamiento requirió la devolución del adelanto, que fue reintegrada por el empresario, en parte. Se devolvieron 4 millones de dólares de los 5 que se habían pagado.
La investigación habría comenzado ya en otoño de 2020 y el 26 de noviembre el Ayuntamiento recibiría el requerimiento de la Fiscalía Anticorrupción: contratos, actas del SFM y la composición del Consejo de Administración de Servicios Funerarios de Madrid era lo que se pidió. Un segundo requerimiento solicitó también los mensajes de teléfono y mensajería instantánea en las fechas de la compra. Posteriormente, se abrieron diligencias y los contratos hicieron alertar al Tribunal de Cuentas. Las desorbitadas comisiones y las concesiones 'a dedo' en un periodo de una mortalidad tan alta por la COVID-19 tienen, muchas de ellas, resguardo en que, a pesar de ser muy (MUY) poco éticas, no son ilegales al no traspasar los límites de la legalidad.
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