La Dirección General de Salud Pública junto con la Dirección General de Coordinación Sociosanitaria y la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid han elaborado un nuevo procedimiento para el diagnóstico, vigilancia y control de contagiados por COVID-19 en centros sociosanitarios el pasado 17 de julio. El documento está en revisión permanente en función de la evolución y nueva información que se disponga de la infección por el nuevo coronavirus.
Para controlar la transmisión del virus en las residencias de mayores y de personas con discapacidad, centros sociales y otras instituciones cerradas, donde conviven personas con alta vulnerabilidad, se requiere la adaptación de medias de aislamiento de casos y cuarentena de contactos. En estos centros, la detección de un solo caso de infección activa tiene la consideración de brote dada la importancia de la detección y valoración precoz del riesgo de transmisión.
El ingreso en estos centros solo se producirá si cuenta el centro con sectorización y con plazas vacantes en la zona roja con instalaciones y personal habilitados para tal fin
Según el documento, el análisis de la situación de las residencias de mayores es necesario debido a la importancia de tener los centros correctamente zonificados y los residentes correctamente clasificados en función el riesgo de transmisión. Por ello, se dividen los centros en tres zonas: la verde libre de COVID-19, la roja ocupada por residentes infectados y la amarilla, la zona de observación y vigilancia especial. Estas zonas deberían estar perfectamente diferencias en la medida en que lo permita la estructura del centro. Además, se establecerán circuitos de circulación para evitar mezclarse y los profesionales desarrollarán su jornada laboral en una de las zonas, a ser posible siempre la misma.
En las residencias, la clasificación de los residentes será por residentes sin síntomas y sin contacto estrecho con posible caso o confirmado de COVID-19, residentes sin síntomas que se encuentren en aislamiento preventivo por contacto estrecho con un posible caso o confirmado, residentes con síntomas compatibles con el virus y los casos confirmados. Los casos sospechosos deberán permanecer en aislamiento desde le momento de la sospecha y se realizará una PCR en menos de 24 horas.
Para definir un caso sospechoso, se tendrá en cuenta un cuadro clínico de infección respiratoria aguda de aparición súbita de cualquier gravedad además de fiebre, tos o sensación de falta de aire, entre otros síntomas. Si hay sospecha clínica alta se repetirá la PCR a las 48-72 horas. Para un caso probable: se tendrán en cuenta los síntomas anteriores y una prueba PCR negativa o con PCR no concluyente. En el caso de los casos confirmados, se tendrán en cuenta los casos activos y los resueltos. Se realizará una PCR para ver los resultados de la IgG y la IgM dependiendo del tipo de caso. Finalmente, en los descartados, se realizará por alta sospecha una prueba PCR con resultado negativo y con IgM también negativo.
Para poder dar una respuesta conjunta, rápida y efectiva y garantizar una correcta atención es necesario que exista una coordinación apropiada entre los responsables de las residencias, los profesionales de Atención Primaria, los geriatras de enlace, los profesionales de Salud Pública y las Unidades de Prevención de Riesgos Laborales de los Centros.
El aislamiento de los casos positivos se realizará en la residencia, notificando de urgencia a Salud Pública del caso e identificando y vigilando sus contactos estrechos. En el caso de aquellos mayores que no se encuentren en residencias y necesiten aislamiento por positivo en COVID-19, el ingreso en estos centros solo se producirá si cuenta el centro con sectorización y con plazas vacantes en la zona roja con instalaciones y personal habilitados para tal fin.
Los trabajadores de los centros, que muestren síntomas, deberán avisar al responsable del centro para que el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales (SPRL) se encargue de la valoración clínica y de la solicitud de la PCR en las primeras 24 horas por síntomas compatibles. Así pues, los trabajadores se retirarán de la actividad laboral a la espera de los resultados y el SRPL emitirá un documento a la Mutua Colaboradora correspondiente sobre el trabajador. En caso de resultado negativo de la PCR y baja sospecha clínica, el trabajador se reincorporará a su actividad. Si la sospecha es muy alta se repetirá la PCR y si da negativa se solicitará una serología. En el caso de un positivo, se confirmará el caso.
En estos espacios, los residentes deberán portar mascarilla quirúrgica siempre que no se pueda mantener la distancia de seguridad, incluso cuando no haya sintomatología. Esto se debe a la normativa publicada por la Consejería de Sanidad en junio.
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