MENÚ

El pasado fin de semana se ha vivido el desalojo del histórico número 88 de la calle de Hortaleza donde se encuentra la sede de la UGT. Cientos de personas se han concentrado en las puertas de este icónico edificio. La ocupación del edificio por parte de los activistas de 'La Ingobernable', la Oficina de Derechos Sociales, duró escasas 24 horas.

Colectivos se agolparon en este espacio como reivindicación, ante la amenaza de desalojo por parte del Ayuntamiento de Madrid a pesar de que el Tribunal Supremo considerase nulo ejecutar el desahucio firmado por el Consistorio ya en 2019. En junio, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid ya habría considerado que este desalojo se había realizado de una manera que no se ajustaba a derecho, ya que estaba basada en una resolución municipal de 2017.

El desalojo se produjo, ya que en octubre de 2918 un tribunal contencioso administrativo permitió al Consistorio recuperar el edificio. El TSJM sí que dio la razón al Ayuntamiento para ejecutar la sentencia que permitía el desalojo. Se alegó que "no produciría un daño irreparable", ya que permitiría a los ocupantes volver a éste o ser compensados, en calidad de perjuicio. No obstante, no ha vuelto a pronunciarse al respecto. Se establecía que se debía pagar hasta un máximo de 1.000 euros más IVA.

###16195##

"La resolución del Tribunal Supremo, al inadmitir a trámite el recurso de casación presentado por el Ayuntamiento de Madrid contra la resolución del Tribunal Superior de Justicia que estimó el recurso del Centro Social, confirma sin género de dudas que el desalojo del Centro Social La Ingobernable fue contrario a derecho. Por lo tanto, el desalojo nunca se debió ejecutar", apuntan desde 'La Ingobernable'. No obstante, consideran que sí se produjeron daños irreparables.

###17765##

"En el momento que se desalojo ocurrían en el interior del edificio doscientas actividades mensuales y habían pasado por él 130.000 personas en dos años de vida. Dos años y medio después sigue vacío", sentencian. Además, destacan que la parcela estaba calificada como de uso social y sindical, pero "UGT y el Ayuntamiento la han recalificado para poder construir un hotel. Es otro pelotazo urbanístico en el centro de la ciudad que expulsa a los vecinos de su barrio".

¿"Pelotazo urbanístico"? Ya en 2018 este espacio fue alquilado a una empresa para que llevase a cabo actividad hotelera, por un importe de 400.000 a 600.000 euros al año. El edificio cuenta con una protección patrimonial de nivel 1d. Por este motivo, precisamente, se ha producido la okupación, para evitar que se convierta en un hotel y que sea verdaderamente un espacio para vecinos y vecinas "libre de consumismo y lleno de amor y colaboración en el que muchos movimientos sociales crezcan".

###21719##