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La trama por la que presuntamente se habrían estafado más de 6 millones a futbolistas y jugadores de baloncesto extranjeros retomaba ayer poa la mañana el juicio en la Audiencia Provincial de Madrid contra los cuatro acusados, tres abogados y una alta funcionaria de Hacienda. Todos ellos acusados del robo de un total de 6,3 millones de euros a deportistas de élite. El procedimiento funcionaba como un engranaje bien engrasado; los acusados se apropiaban del dinero en concepto de devoluciones del IRPF no solicitadas, una cantidad que puede reclamarse por derecho pero los estafados no sabían sobre ello.

Se escuchó el testimonio de Javier Hernán Malagueño, exjugador del Málaga Fútbol Club, uno de los afectados y ha manifestado que en ningún momento le dio a ninguno de los acusados encargo ni representación para que gestionase su patrimonio, aludiendo que no tenía conocimiento de que este dinero se le devolvía cuando se marchó del país. Los hechos habrían tenido lugar entre los meses de febrero de 2015 y noviembre de 2016 por parte de J. L. V., M. V. J., J. I. T. S y L. S. P, quienes utilizaron dos sociedades dedicadas a la representación de deportistas y asesoría para solicitar a Hacienda esas devoluciones sin que los futbolistas tuviesen conocimiento.

A su vez, uno de los responsables de Administración del Real Madrid también ha comparecido y ha relatado que desde el club se solicitaron varias devoluciones, lo que contradice lo manifestado por los acusados, ya que éstos sostienen que nadie les reclamó esa cantidad. Uno de los testigos afirma que, en su día, la Agencia Tributaria es comunicó que no tenían derecho a recibir el dinero por no haber aportado el certificado fiscal. De esta manera, la 'culpable' resultaría la inspectora de Hacienda juzgada, por haber negado la solicitud.

El nombre de Ernesto Bronzzeti (representante futbolístico fallecido ya en 2016) ha salido en el juicio por parte de uno de los abogados acusados. Ha declarado que él le pidió que administrase el patrimonio de varios jugadores y tras su muerte, se trató sin éxito de ponerse en contacto con los distintos clubes para informar sobre el dinero recibido en concepto de devoluciones no solicitadas.

El jefe de la Unidad de Policía Judicial adscrita a la Fiscalía ha remarcado que se les pidió un encargo para cotejar con los datos de Hacienda y solicitar a un total de 13 clubs deportivos las certificaciones de las retenciones de 24 jugadores, con 22 de ellas realizadas con éxito. Lo que el encargado de la investigación ha apuntado es que "muchos de esos certificados no correspondían con la fecha de presentación" con firmas que no pertenecían a los sujetos solicitantes y cantidades que no correspondían, además de exponer que se comprobó que en las cuentas bancarias sospechosas hubo movimientos bancarios irregulares de 4 millones y medio de euros.

De este hecho se desprende que se llevase a cabo una sustracción de manera irregular de la propia base de datos de la Agencia Tributaria. "Alguien accedió desde dentro y se hicieron copias adaptadas de otros expedientes", sentencian. Uno de los policías que participan en las pesquisas ha afirmado que las sociedades no contaban con grandes saldos hasta que comenzó la trama, que pasaron a tener millones. Se encontraron también transferencias bancarias entre los acusados.

Entre los perjudicados se encuentran nombres como Sahin y Altintop, exmadridistas y Salvio, exatlético. Por su parte, Javier Hernán Malagueño y el exfutbolista y segundo entrenador del Estambul Basaksehir FK Achile Pierre Webo actúan como acusación particular. Lo que se solicita es la devolución de la diferencia correspondiente entre las retenciones del IRPF soportadas por los jugadores como sujetos pasivos en las declaraciones de la renta en España y las cuotas que verdaderamente les correspondían al tratarse de sujetos pasivos pero no residentes: IRNR (impuesto sobre las Rentas no Residentes).

Los acusados podrían ser sentenciados a 9 años de cárcel por los delitos de estafa, falsedad en documento público oficial y mercantil, aprovechamiento de información privilegiada obtenida por un funcionario público y, por último, utilización por funcionario de su información de información privilegiada. Tras comprobar las solicitudes, Hacienda halló 102 casos y 38 de ellos habían sido presentados "con su aparente firma manuscrita" durante los meses que los acusados estaban siendo investigados. En esos últimos casos obtuvieron un total de 6.138.798 millones de euros ingresados en varias cuentas.

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